Celaá insiste en que se garantiza el castellano aunque la nueva ley educativa da vía libre a Cataluña para desterrarlo

El anteproyecto de la nueva ley educativa que prepara el Gobierno ha llegado este viernes al Consejo de Ministros para su estudio. Se trata de una «primera lectura», ha dicho la ministra de Educación, Isabel Celaá, de esta ley que retoma, con modificaciones, la LOE, aprobada por los socialistas en 2006 y que supone, al mismo tiempo, la derogación de la Lomce, más conocida como «Ley Wert». «Supone una modernización del sistema, lo que se hace con esta ley es modernizar la LOE, sobre la que se reclinaba la LOMCE, y situarla en las directrices europeas y la OCDE», ha dicho Celaá. Preguntada por las garantías de la enseñanza del castellano en las aulas, Celaá ha dicho que hay «una proporción» y que se garantiza el castellano como lengua oficial. Sin embargo, el texto dice lo contrario. Se le da libertad a las comunidades para decidir al eliminar del texto la obligatoriedad de dar castellano y catalán «en una proporción razonable», tal como establece la justicia y tal como recoge la Lomce. Sin embargo, Celaá ha defendido las garantías de la enseñanza del castellano aludiendo a otra parte del texto, la que se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para determinar el currículo de las materias (no en qué lengua) en un 55 por ciento al Estado en caso de comunidades con lengua cooficial y un 65 en las que no tienen lengua propia. «Siempre ha sido así y nadie lo corregido pero el Estado se reserva el 55 por ciento cuando habla de cooficiales y el 65 cuando trata con comunidades sin lengua, ahí también está contenido el castellano. Está en una proporción, se garantiza el castellano como lengua oficial. ¿Desde hace cuatro meses no se garantiza?». La ministra ha precisado que este anteproyecto afectará a 8 millones de estudiantes, a 700.000 docentes y 28.000 centros educativos. Además, ha aclarado que el texto es «respetuoso con la Constitución». «Respeta las competencias del Estado como de las comunidades autónomas», ha dicho la ministra. La ministra ha explicado que con este nuevo texto se vuelve en Primaria a los ciclos educativos. «El sistema educativo español tiene un problema de excesivas repeticiones, establecer una Primaria por ciclos reduce esa inoportunidad de que los alumnos repitan curso a curso». La tasa de repetición, ha precisado, es del 27 por ciento. Ha recordado, además, que se eliminan las reválidas, los itinerarios tempranos y se evita doble titulación para la ESO, es decir, solo habrá una titulación a la que se pondrán encaminar también los alumnos que estén en FP Básica. «Habrá, en consecuencia, muchos más recursos en juego en el sistema, el alumno que repita tendrá asignado un tutor del centro y se procurará que llegue con éxito al final del recorrido». «Modernizamos de tal manera que nadie se quede atrás para que todos tengan un trabajo digno en la vida. Es un camino con múltiples pasarelas, muy flexibles, y no se le condiciona a nadie» La ministra ha aclarado que también habrá un Bachillerato más flexible (el texto permite obtener el título con una asignatura suspensa) y se pone el foco en el estudiante. «Es una escuela inclusiva», ha dicho. Celaá ha aclarado que este no es el texto definitivo sino que está en una fase de consultas a falta del informe del Consejo Escolar del Estado por lo que se prevé que el texto llegue al Congreso en el mes de enero Padres, madres, alumnos, profesores, sindicatos y organizaciones educativas de todo color ideológico reunidos en el Consejo Escolar del Estado se han lanzado en contra (total o parcialmente) de la nueva ley educativa. Es precisamente, el sesgo político de la nueva ley y el escaso papel de las familias lo que más preocupa a las organizaciones educativas, según las enmiendas que avanzó ABC el pasado lunes. Las críticas también se hacen a la posibilidad que contempla el nuevo texto a obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, a la eliminación de la «demanda social» (que se entiende como un golpe la concertada) en el artículo 109.2, que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. Este se sustituye por un párrafo que hace referencia al «derecho a la educación» o al «principio de participación», pero no al reconocimiento a la «libertad de enseñanza». Religión También se teme que el anteproyecto deje en un segundo plano a la asignatura de Religión. En el artículo 18 de la Lomce, dedicado a la Educación Primaria, aparecía, dentro del bloque de asignaturas específicas la Religión con su alternativa, Valores Sociales y Cívicos. El anteproyecto, por el contrario, no menciona a la Religión pero sí se señala que como materia obligatoria, «se añadirá en alguno de los cursos del tercer ciclo la Educación en valores cívicos y éticos». Con la ESO pasa lo mismo: No aparece Religión como asignatura específica en ninguno de los cuatro cursos, pero sí se especifica que «en algún curso de la etapa todos los alumnos cursarán la materia de Educación en valores cívicos y éticos». En Bachillerato se ofrecía Religión entre un grupo de asignaturas y en la Ley «Celaá» no se menciona. Las asociaciones señalan que el fomento a una formación ética para todos los alumnos es buena pero siempre que no implique un perjuicio para la Religión. En el documento de propuestas para la modificación de la Lomce, publicada el pasado 8 de noviembre, el Gobierno va más allá y señala su intención de que la Religión deje de ser una materia en Bachillerato, que no compute para la nota media en los accesos a la universidad o becas y que se elimine su alternativa. La asignatura solo se menciona en el anteproyecto en la disposición adicional segunda y, exclusivamente, para aludir a la supresión del apartado 3. ¿Qué dice la disposición adicional segunda sobre la Religión? El contenido de la LOE (ley aprobada por los socialistas en…
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