El Parlament de Cataluña ya puede aprobar leyes secesionistas sin debate

JpS y la CUP tienen pista libre para aprobar las llamadas «leyes de desconexión» en apenas unas horas, sin el más mínimo debate democrático y acortando los derechos de los diputados de la oposición. Gracias al rodillo secesionista, desde ayer, el Parlamento de Cataluña podrá aprobar por la «vía exprés» en las próximas semanas la Ley del Referéndum de Autodeterminación, ya presentada en público, y el resto de normas que se dirijan a permitir en última instancia la secesión de Cataluña. Con los votos de las dos coaliciones independentistas (72, frente a los 63 de la oposición), el reglamento del Parlamento autonómico quedó adecuado de forma que ahora se permitirá, entre otras cosas, que los grupos políticos propongan la aprobación de leyes por «lectura única» en un solo pleno parlamentario (artículo 135.2), sin el debate democrático habitual para la tramitación de leyes, sin poder presentar enmiendas y sin que se pueda acudir, por ejemplo, al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para valorar su encaje legal. Además, el nuevo reglamento modifica el periodo de sesiones para que la tramitación legislativa se pueda realizar en la segunda quincena del mes de agosto (la cámara solo cerrará del 1 al 15 de agosto en periodo estival), cuando las instituciones públicas, tanto las ejecutivas como las jurídicas, están en «stand by» y así se alargue el tiempo en el que las llamadas «leyes de desconexión» estarán en vigor. Otro de los aspectos novedosos y polémicos de la norma que rige el Parlamento de Cataluña es que ahora la Mesa (y no el pleno) podrá suspender de forma «inmediata» a los diputados acusados formalmente de corrupción con un «juicio oral» abierto o por «delitos vinculados con la corrupción» (artículo 25). «Es un atropello» En la sesión plenaria, si estaba prevista la aprobación del nuevo reglamento también era de esperar que la oposición criticase las formas y el fondo que JpS y la CUP habían mostrado para la reforma. De hecho, la oposición recordó el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que alertó de que la propuesta de reforma omitía que la exigencia del procedimiento de lectura única para aprobar leyes se debía circunscribir a las de mayor simplicidad. Por lo que no cabrían las que pretenden JpS y la CUP para convocar un referéndum secesionista. Pero los dictámenes del CGE no son vinculantes. Como tampoco lo son los informes de los letrados parlamentarios. Uno de estos informes, recordado ayer por la oposición, criticó la reforma del reglamento por sus incoherencias, textos poco precisos, problemas interpretativos, aplicación no deseada de una norma, contradicciones, falta de fundamento y, sobre todo, están en peligro los derechos de los grupos minoritarios en el Parlamento de Cataluña. Con estos precedentes, José María Espejo-Saavedra (Cs), miembro de la Mesa, comparó la modificación reglamentaria con Matrix: «Vamos a hacer el reglamento de nuestro Matrix particular. Un reglamento de Matrix para aprobar unas leyes de Matrix. Leyes que no tendrán valor». Por parte del PSC, Ferran Pedret denunció que con el nuevo texto se «altera de forma sustancial la voluntad de la Cámara, porque esto no va de facilitar que un grupo parlamentario promueva la lectura única; va de suprimir los trámites parlamentarios para que todo pase de forma rápida y fina». Y añdió: «Es un atropello». Joan Coscubiela (CSQP) advirtió a JpS y la CUP que se «están pasando de frenada» con este tipo de reformas, pues recordó que ni en el Congreso de los Diputados, donde se permite la lectura única para aprobar normas a petición de los grupos, se prohibe la inclusión de enmiendas en un proceso «exprés». También ha mostrado su indignación el portavoz popular, Alejandro Fernández, que calificó la estrategia de los grupos independentistas como «lunática y alejada de la realidad política y democrática europea». Fernández -que mantuvo un rifirrafe con la bancada de JpS- dijo que «en todas las democracias del mundo la mayoría parlamentaria esta sujeta a los preceptos constitucionales». Sospechas fundadas El nuevo reglamento lo defendieron Anna Gabriel (CUP) y Roger Torrent (JpS). Gabriel reconoció que si la legislación española no permite hacer cambios para poder llevar a cabo la independencia de los Países Catalanes -el referéndum en Cataluña sería solo el primer paso- hay que «desbordarla», dando por válidas las sospechas de la oposición. Así, Gabriel confirmó que la CUP apoyaba la reforma del reglamento porque servirá «para levantar las barreras de este pueblo para autodeterminarse». Y finalizó su intervención con un «nos vemos en las calles, que es donde las cosas se ven más claras». La vehemencia de Gabriel fue correspondida con los aplausos de la bancada de la CUP y algunos diputados de JpS. Aplausos que brillaron por su ausencia cuando Carme Forcadell, presidenta del Parlamento autonómico, leyó el resultado de la votación. Sin épica. Torrent, por su parte, defendió la legalidad constitucional de la reforma y criticó a la oposición porque, desde su punto de vista, «les da miedo» que el próximo 1 de octubre «los catalanes y las catalanas puedan votar»; confirmando, como hizo Gabriel, que el motivo político del cambio reglamentario es para aprobar las llamadas «leyes de desconexión». PP y Cs anunciaron que acudirán en amparo al Tribunal Constitucional (TC). El PSC, sin embargo, cree que el texto en sí no incumple ninguna norma. Sea como fuere, está previsto que entre mañana y el lunes, se registre la Ley de Referéndum de Autodeterminación.
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