Empieza la cuenta atrás para el comienzo del juicio del «procés», que sentará en el banquillo a doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición y malversación. A partir del próximo martes 12 de febrero, una semana después de lo inicialmente previsto, siete magistrados juzgarán el golpe secesionista en Cataluña en una vista por la que desfilarán como testigos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoto; el presidente del Parlament, Roger Torrent; la alcaldesa Ada Colau, o diputados como Gabriel Rufián o Joan Tardá. Por contra, la Sala ha rechazado testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Raúl Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el «testigo por sustitución». Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso. En su auto la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo. La redacción de este auto de admisión de prueba ha obligado a retrasar el comienzo de la vista: no en vano los jueces han tenido que analizar cada una de las peticiones desglosadas en los 1.800 folios de las defensas y los más de 300 de las acusaciones y contestar a cada una de ellas aprobándolas o rechazándolas. El Tribunal no ha aceptado el Tribunal Supremo la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Los magistrados argumentan que «las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar «…sobre los hechos objeto de acusación». En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos».
Via: El Supremo acepta como testigos del juicio del «procés» a Rajoy, Torrent o Rufián

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