Interior duda si entregar a Marruecos a los inmigrantes tras devolver a 8 en caliente

La inmigración amenaza en serio con sacudir la placidez de la precampaña encubierta en la que está Pedro Sánchez. Si el Gobierno en funciones tuvo el jueves que defenderse en el Congreso del reproche unánime de la oposición por su errática política migratoria incluido el papel en la crisis del Open Arms, ayer el primer asalto masivo a la valla de Ceuta en un año puso al Ejecutivo ante la tesitura de activar o no la devolución a Marruecos de 155 individuos que el viernes de madrugada entraron ilegalmente a España. Una operación difícil de justificar por el socialismo frente a su electorado. De partida, según fuentes oficiales, «más de 50» de los subsaharianos identificados parecían ser menores, lo que les convertiría automáticamente en «inexpulsables», aunque anoche continuaban las pruebas de determinación de edad. Igual condición adquirirán los que soliciten asilo en nuestro país. La anterior incursión masiva por la fuerza en Ceuta, el 22 de agosto de 2018, se resolvió entregando a las autoridades del Reino alauí a los entonces 116 asaltantes en virtud de un Tratado de Readmisión de 1992, al que rara vez se había recurrido en anteriores mandatos. Eran otros tiempos. Ese verano se padecía en las costas la mayor oleada de pateras nunca vista, en parte por el «efecto llamada» del Aquarius acogido dos meses antes que convenía neutralizar, y en 24 horas, todos y cada uno de esos 166 inmigrantes estaban ya en el país vecino. Al cierre de esta edición, no obstante, el Ministerio del Interior, no confirmó que se hubieran iniciado trámites con Rabat para invocar de nuevo ese convenio bilateral del 92 y expulsar a los protagonistas del último asalto. Según el texto del acuerdo, hay diez días de plazo. La Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma informó por su parte de que en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), estaban ocupadas 500 de sus 512 plazas, por lo que «en principio» estaban habilitando literas en las zonas comunes para albergar a los recién llegados, que no tiendas de campaña en el exterior como otras veces. Contrario a lo prometido Pero al margen, cuando no tembló el pulso ayer fue a la hora de desplegar en la alambrada ceutí grúas para bajar de ella a 8 subsaharianos que habían quedado encaramados durante el asalto. Todos parecían tener dificultades de movilidad al bajar y fueron entregados a las fuerzas marroquíes, lo que se conoce como una «devolución en caliente», prevista en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que tantas veces prometió abolir el PSOE y que ayer volvió a aplicar para escándalo de las ONG de derechos humanos. Al ser preguntada por estas entregas, la portavoz del Ejecutivo y titular de Educación, Isabel Celáa, dijo a mediodía durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desconocer que se habían producido las expulsiones, aunque -comentó- «me atrevo a pensar que no ha sido así». Una respuesta que reveló descoordinación interna pero también la tendencia del Gobierno a no querer admitir que en materia migratoria esté haciendo lo contrario de lo que prometió en su programa. Más firme se mostró la ministra a la hora de negar que el asalto de este viernes no es resultado de los continuos bandazos del Gobierno en este ámbito. «De efecto llamada nada, lo que hemos venido a hacer este año es reducir las entradas en mas de un 45%», apuntó, acusando además a la oposición de estar «a la espera de este salto» para lanzarse a críticas que «no tienen cabida». El verano pasado, el Gobierno logró que Marruecos aceptara a los 166 subsaharianos invocando una de las justificaciones previstas en ese convenio bilateral de 1992, como es que su entrada en suelo español se produjo de forma extremadamente violenta. Utilizaron cal viva, ácido y heces, un arsenal muy similar al empleado ayer por la turba que irrumpió en el espigón marítimo de Benzú, -uno de los puntos más vulnerables del perímetro fronterizo-, hiriendo de levedad en su embestida a 11 agentes de la Guardia Civil, según confirmó a ABC la Delegación del Gobierno en Ceuta. El «efecto llamada» La agresión volvió a arrancar las quejas de los colectivos que agrupan a los profesionales de la Benemérita. Desde el mayoritario, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, (AUGC), su portavoz Juan Fernández, expresó a este diario el «temor» a que Ceuta y Melilla «recuperen su notoriedad» como vías de entrada migratorias. Y no solo debido al de cierre de puertos italianos, que ya de por sí está cambiando el rumbo de los flujos. «El efecto llamada de la inmigración, más allá de la focalización en el caso del Open Arms, está en el anuncio de la retirada de las concertinas de las vallas fronterizas, que el Ministerio es plenamente consciente de que no puede ejecutar si no va acompañado de un plan de dotación de medios tecnológicos, mejora de las medidas de protección de los guardias civiles, incremento de la plantilla y potenciación de la coordinación con Marruecos para investigar y desarticular a las mafias que se lucran con todo esto», lamentó el portavoz. Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) reclamó a través de un comunicado que Ceuta necesita «más de 100 agentes» de forma «permanente y no temporal», y que de no haber refuerzo, la próxima vez recibirán a los inmigrantes «con confeti».
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