Johnson gana el primer asalto ante los tribunales para la suspensión del Parlamento británico

Los abogados que representan a más de setenta diputados en una petición al más alto tribunal de Escocia para que declare ilegal la suspensión del Parlamento en los términos anunciados esta semana por el Gobierno han pedido que Boris Johnson presente una declaración notarial explicando su decisión y consideran la posibilidad de citarlo para ser interrogado. La presencia de Johnson ante un juez el próximo martes, cuando se verá el caso, sería el inicio de una semana en la que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales verá otra petición en el mismo sentido el jueves, y el Supremo el viernes, si hay recurso; y en Belfast, también el viernes, se verá una petición para anular la suspensión e ilegalizar un Brexit sin acuerdo por ser contrarios al Acuerdo de Belfast. Es improbable que el juez ordene al primer ministro que comparezca el martes ante él porque está previsto que ese día, en el que el Parlamento reanuda su actividad, presentará su balance de la cumbre del G-7. Ese día se verán también las primeras escaramuzas de los partidos de la oposición, que ya han consensuado el borrador de proyecto de ley para bloquear una marcha de la Unión Europea (UE) sin acuerdo. El juez Raymond Doherty, que presidió el jueves la petición de los diputados para cancelar provisionalmente la orden de cierre de este periodo de sesiones del Parlamento antes del día 12 e inicio del nuevo curso el 14 de octubre, la ha rechazado porque no cree que es urgente decidir sobre una petición que ya iba a juzgar el viernes y que ahora se verá el martes. Lord Doherty no anticipa en su breve sentencia de hoy ninguna opinión sobre los argumentos de las partes. El caso parece débil porque se le pide al juez que dé fuerza legal con su sentencia a la interpretación de una convención establecida en la historia de gobiernos y parlamentos sobre la manera en la que se decide el cierre de un curso parlamentario y la apertura de otro. Los abogados de los peticionarios han argumentado también que la marcha sin acuerdo necesita legislación y que, si ese es el objetivo del Gobierno, la suspensión tiene efectos legislativos que sí son susceptibles de ser juzgados. Es una deducción quizás incorrecta –el Brexit abrupto no necesita en si mismo la aprobación de leyes, según el Gobierno– y especulativa para un tribunal. Ley fundamental Raymond McCord es un conocido activista protestante de la causa de las víctimas de la violencia en Irlanda del Norte, tras el brutal asesinato de su hijo por una banda de lealistas probritánicos. Un tribunal en Belfast ha aceptado estudiar su petición de anular la maniobra de Johnson y fallar contra la marcha de la UE sin acuerdo, por ser contraria al acuerdo de paz de 1998. El premio Nobel de la Paz David Trimble ya sugirió que llevaría a los tribunales la salvaguarda irlandesa del Acuerdo de Retirada de la UE por contener el mismo peligro, pero finalmente desistió de probar la legalidad de un mecanismo que, como la marcha sin acuerdo, aún no se ha aprobado. La petición de McCord es igualmente especulativa y redundante con la que ya se tramita en Escocia. El Tribunal Superior y el Supremo han decidido dar audiencia la próxima semana a Gina Miller, al exprimer ministro conservador John Major, al vicelíder laborista, Tom Watson, y a la líder liberal-demócrata, Jo Swinson, en otra petición, esta en Londres, para anular la orden de la reina de suspensión del Parlamento. La inmunidad de la monarca no se pone en cuestión sino el consejo del Gobierno que ella rubricó. Guiará la demanda David Pannick, que representó a Miller en un célebre caso de 2017. El Supremo le dio la razón sobre la obligación constitucional del Gobierno de Theresa May de consultar al Parlamento antes de invocar el Artículo 50 del Tratado de la UE para iniciar la negociación con Bruselas. Pannick cree que puede ganar esta vez porque la suspensión quiebra una ley fundamental, la soberanía del Parlamento. Sugería en «The Times» tres pilares argumentales: que el primer ministro lo ha suspendido para evitar su soberanía sobre un asunto de importancia constitucional, que Johnson lo ha hecho al borde del cumplimiento del plazo para el Brexit, y con el objetivo de esquivar a un Parlamento que ha mostrado claramente su deseo de prevenir la marcha sin acuerdo.
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