El Gobierno lanza una ofensiva contra el independentismo a diez días de las elecciones

Lo avisó Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, esta mañana y Carmen Calvo, la vicepresidenta, lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha decidido solicitar al Tribunal Constitucional que se dirija a la Fiscalía para que esta analice la decisión del Parlamento de Cataluña de debatir sobre el derecho de autodeterminación y la Monarquía, a pesar de que el TC ya se lo había impedido. Además, ha aprobado un Real Decreto cuyo fin es acabar con la «República digital», en palabras del presidente. Calvo ha anunciado que este Real Decreto viene motivado por «la necesidad de protección al interés general» porque «buena parte» de los derechos se tienen que «proteger en el ámbito de las nuevas tecnologías». En este sentido, ha incidido en la protección de los datos personales y al refuerzo del DNI como documento único de identificación de los españoles. Entre las imposiciones de la medida está la obligación de que todos los servidores de internet empleados en España estén situados dentro de la Unión Europea. Con respecto a la Generalitat, no ha querido confirmar si el Gobierno tiene información sobre la existencia de servidores ubicados en «paraísos digitales» que funcionen para el Ejecutivo de Quim Torra, pero el presidente del Gobierno, en una entrevista concedida a Onda Cero, ha dicho esta mañana que el objetivo es «poner punto final al proyecto del independentismo de la República digital». Fuentes de La Moncloa han asegurado que estos servidores fuera de Europa sí que existen. Calvo también ha señalado que la Mesa del Parlamento catalán, el órgano encargado de establecer el orden del día de los plenos, ha podido desobedecer la advertencia del Tribunal Constitucional de que no debata sobre el derecho de autodeterminación, que «no existe», ha afirmado la vicepresidenta, ni sobre la Monarquía. Por ello, ha solicitado al tribunal que se dirija al Ministerio Público para que investigue si se han cometido delitos. La Mesa de la Cámara catalana admitió la semana pasada a trámite una propuesta de JpC, ERC y la CUP donde reiteraban su disposición a debatir sobre estos asuntos pese al apercibimiento del TC de que no lo hicieran, al haber sentencias previas de este tribunal negando que puedan hacerlo. «Pedimos al Constitucional que considere si se ha traspasdo esa línea, si ha desautorizado el apercibimiento que él mismo hizo y que se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que se puedan tener», ha añadido.
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