La Abogacía del Estado reclama a Llarena que solicite ya la suspensión de la inmunidad de Puigdemont

La Abogacía del Estado ha solicitado este viernes al juez Pablo Llarena que suspenda el proceso para traer a España a Carles Puigdemont hasta que no se levante su inmunidad como europarlamentario. Los servicios jurídicos del Estado, dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez, consideran que así debe actuar el Tribunal Supremo español después de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras. Al mismo tiempo, la Abogacía también reclama que se pida «a la mayor brevedad posible» al Parlamento Europeo que se levante la inmunidad del expresidente catalán, fugado de la Justicia española desde octubre de 2017, en los meses calientes del plan ilegal. En ese punto, su petición coincide con la visión de la Fiscalía del Supremo. El escrito de la Abogacía, rubricado por Rosa María Seoane, responde a la petición de Llarena, que preguntó a las partes su opinión tras la resolución del tribunal con sede en Luxemburgo sobre Junqueras. Tras analizar el informe de todas las partes, se prevé que Llarena toma una decisión en las próxima semanas. «Para el mantenimiento de ese procedimiento judicial de ejecución de las medidas de detención acordadas en el presente procedimiento penal, resulta indispensable una decisión del Paralmento Europeo a fin de permitir la continuación del procedimiento de ejecución de las órdenes europeas de detención», argumenta el escrito. Según la Abogacía del Estado, el Supremo español debe suspender la tramitación del proceso de entrega, más allá de que ya lo hayan hecho las autoridades belgas, porque al estado emisor de la euroorden (España, el país que reclama al fugado) «le incumbe esencialmente» garantizar los derechos del reclamado. Este giro de los acontecimientos viene provocado por la decisión de Luxemburgo, que el pasado 19 de diciembre estableció que los europarlamentarios adquieren tan condición y gozan de inmunidad desde que son proclamados electos, incluso aunque no hayan cumplido los requisitos que exige el Derecho de cada país. Esto sucedería en el caso de Puigdemont desde el pasado 13 de junio. Para traer al fugado a España, el juez Llarena reactivó la orden europea de detención y entrega tras dictarse la sentencia del «procés», una condena firma contra el resto de implicados en el plan secesionista ilegal, aquellos que no huyeron de la Justicia.
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