El Gobierno rechaza limitar los precios del alquiler sin el «consenso» del sector inmobiliario

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presentado este martes el índice de precios del alquiler. Para la elaboración de la herramienta, el Gobierno ha cotejado más de 11,2 millones de arrendamientos fechados entre 2015 y 2018 respecto a 1,7 millones de inmuebles, de los cuales 1,5 millones son arrendamientos en vivienda colectiva y 0,2 millones en vivienda unifamiliar. Ábalos ha destacado que el índice permitirá evitar abusos dentro de un mercado en el que el 38% de las familias destinan más de 40% de su renta al alquiler. También permitirá «proteger el derecho a la vivienda». «El índice ofrece una información pormenorizada y precisa de la evolución del mercado del alquiler a través de una metodología científica», ha abundado el ministro de Transportes. En la presentación de la herramienta también ha estado presente el secretario general de Vivienda, David Lucas, que ha destacado que el nuevo sistema desagrega los datos de 33.662 secciones censales, de 9.842 distritos censales, 7.593 municipios, 46 provincias y 15 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Las referencias del nuevo índice son la Agencia Tributaria, el catastro inmobiliario, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Registro de la propiedad, el Banco de España y los depósitos de fianza de las CC.AA. y los datos de oferta de los portales inmobiliarios. Fuentes del ministerio han explicado a los medios de comunicación tras la presentación de Ábalos que han detectado que existen zonas tensionadas en el mercado del alquiler en España, como Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias. No obstante, desde el Ejecutivo han aclarado que el índice en ningún caso habilita a las comunidades para limitar los precios. De hecho, en Transportes no aseguran al 100% que esta medida se vaya a implantar finalmente y han avisado que los cambios que se tomen en este sentido deberán contar con el «consenso» del mercado inmobiliario. El índice no cuenta con los datos de País Vasco y Navarra, que tienen un sistema fiscal distinto. Además, todavía no recoge los datos de 2019. Aún así, desde el Ministerio han asegurado que es «un sistema riguroso para otorgar transparencia» al mercado y una «herramienta fundamental para dirigir políticas de viviendas».
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