La recaudación por turismo deja en evidencia los actos de la CUP

«El turismo mata los barrios». Con estas palabras un grupo de encapuchados perteneciente al colectivo Arran, movimiento joven de la izquierda independentista catalana vinculado a la CUP, tiñó el jueves pasado la luna de un autobús turístico de Barcelona tras amenazar al conductor con un cuchillo y amedrentar al resto de pasajeros. Un acto que se enmarca en la espiral de violencia que los independentistas vienen perpetrando desde hace días, y que encontró nuevo escenario en las empresas de alquiler de bicicletas turísticas de la Ciudad Condal, a las que pincharon las ruedas y «customizaron» con pegatinas en las que llamaban al «combate», incitando a sus simpatizantes a que reaccionaran contra un sector que consideran enemigo, pese a que año tras año nutre los bolsillos de la comunidad. Las acciones de los radicales responden a lo que se ha denominado «turismofobia», o lo que es lo mismo, la reacción violenta contra la llegada de ciudadanos de otros países que encuentran en España su destino vacacional, y que tiene como principales precursores a los socios de Gobierno de Puigdemont. Es una «acción simbólica para denunciar un modelo turístico depredador», dijo Mireia Boya, presidenta del grupo parlamentario de la CUP en el Parlamento de Cataluña, para justificar la escalada de violencia desatada por los miembros de Arran. Lo que la diputada independentista parece obviar es que el turismo que denuncia, al que califica de «violencia pura y dura» porque hace que «muchas personas malvivan», constituye el principal balón de oxígeno en la recuperación económica del país. No en vano, según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante los seis primeros meses de este año los ciudadanos procedentes de otros países se dejaron en España 37.217 millones de euros, lo que representa un 14,8 por ciento más respecto al gasto en que incurrieron durante el mismo periodo del año pasado. Solo durante este mes de junio, el gasto realizado ascendió a los 8.982 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,9 por ciento en comparación con el mismo mes de 2016. En cuanto a las comunidades autónomas más beneficiadas por la llegada de visitantes extranjeros, es precisamente Cataluña, seguida por Canarias y Andalucía, la que registra el mayor peso en el gasto turístico, con 8.187 millones de euros desembolsados durante el primer semestre del año. Ello representa un aumento en los pagos del 14,8 por ciento en relación con el ejercicio anterior, y un 22 por ciento del gasto total en el que incurrieron los turistas internacionales que visitaron España. En lo que respecta a Canarias y Andalucía, el desembolso que hicieron fue, respectivamente, de 7.907 y 5.614 millones de euros, con tasas de crecimiento del gasto del 12,97 por ciento y del 12,29 por ciento. Detrás de estas autonomías se encuentran Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana, que se consolidan como destinos turísticos principales, aunque las once restantes también presentan tasas de gasto positivas. Los turistas que más dinero se dejaron en España fueron los procedentes de Reino Unido, con 7.548 millones de euros, cifra que protagoniza el 20,3 por ciento del gasto total. A ellos les siguen los ciudadanos alemanes, con un desembolso de 5.361 millones de euros, y los procedentes de los países nórdicos, que se gastaron 3.232 millones de euros. En concreto, el gasto medio por turista se situó en 1.065 euros, lo que implica un incremento del 2,9 por ciento anual, ascendiendo el desembolso medio diario a los 143 euros. Además, el 62 por ciento del gasto total lo realizan turistas que pernoctaron en establecimientos hoteleros, lo que pone de relive la situación de bonanza que vive el sector. Explicaciones al consejero Ante esta escalada de la violencia callejera que amenaza al turismo, el PP catalán anunció ayer, a través de su diputado autonómico Alberto Villagrasa, que han pedido la comparecencia del consejero de Interior, Joaquim Forn, y el director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, para que den explicaciones sobre las medidas que la Generalitat catalana adoptará para «poner fin a este problema y que actúen con firmeza y determinación».
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