Hacienda apeló a un informe inexistente para retener recursos a las regiones

El informe de la Abogacía del Estado en el que se escudaba el Gobierno para asegurar que no podía procederse a las entregas a cuenta de las comunidades autónomas no existía. El portavoz económico del PP, Mario Garcés, pidió ayer la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por «mentir», después de solicitar por escrito (y no lograr) el documento de la Abogacía que acreditaba que el Ejecutivo no podía aprobar por decreto la actualización de las entregas a cuenta, en lo que deja a las regiones sin 4.739 millones de recursos. Desde el Ministerio señalan que las consultas en las que tanto la ministra de Hacienda como el presidente del Gobierno se han escudado para retener esos fondos eran consultas verbales y que no fue hasta finales de la pasada semana cuando se solicitó el informe. Y apuntan que ya disponen del informe, que acaba de llegar al Ministerio, y se entregará en cuanto sea posible. Desde el PP, sin embargo, esgrimen que el Ejecutivo ha utilizado estos fondos para financiar los «viernes sociales» y como arma política para buscar apoyos para investir al Gobierno. Este argumento ha sido utilizado por el Ejecutivo como una de sus bazas para forzar la investidura. Durante meses, Hacienda aludió a la Abogacía del Estado para evitar aprobar por decreto el reparto de estos recursos, diciendo primero que solo se podía hacer a través de los Presupuestos, para después de las elecciones señalar que al estar en funciones no era posible sacar esta norma en base a la Abogacía. La Generalitat de Cataluña, cumplió ayer su amenaza de emprender la vía judicial para pedir estos fondos al Estado. El malestar es común, pese a que el resto de regiones no ha seguido esta revuelta. Después de que el Congreso tumbase los Presupuestos de 2019, Montero anunció que estaba buscando la forma de repartir a las comunidades las entregas a cuenta prometidas para este año. Sin embargo, finalmente no lo hizo, lo que deja a las regiones sin 4.739 millones al contar con los ingresos prorrogados por las cuentas de 2018. Estos recursos distribuyen los ingresos por los impuestos compartidos entre Estado y comunidades (como IVA o IRPF) para 2019.
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