El PP califica como «chantaje impropio de una democracia» el anuncio de Montero

La filtración del Ministerio de Hacienda al diario «El País» realizada anoche sobre que en los próximos días repartirá entre las comunidades autónomas los 4.700 millones de euros pendientes de las entregas a cuenta correspondientes a 2019 ha provocado numerosas reacciones entre la clase política. También ha causado indignación, ya que esta decisión se produce nada más convocarse las elecciones generales del 10-N y cuando hasta ahora la Abogacía del Estado afirmaba que un gobierno en funciones no podía realizar esos pagos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado desde Argentina a la información que asegura que Hacienda desbloqueará próximamente el pago de las entregas a cuenta, 330 millones de euros en el caso de Galicia, tras haber hallado un resquicio legal tras confirmarse el escenario de nuevas elecciones. «Lamentablemente nos están tomando el pelo. Llevan tomándonos el pelo bastante tiempo y ahora nos van a seguir tomando el pelo pero un poco menos», ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico. «Si no fuese porque es un tema serio, sería como para tomarse a broma esta broma de mal gusto que esta llevando el Gobierno de Pedro Sánchez», ha censurado. «Al principio, cuando empezamos a aflorar esta deuda, se decía que era un invento de la Xunta. Posteriormente, se acepta la deuda pero se decía que no se podía pagar. Posteriormente, se nos dice que había un informe de la Abogacía del Estado, que realmente no existía, que se hizo posteriormente», ha rememorado. «Después, se nos dijo que esto se resolvería en el mes de diciembre y, ahora, a las pocas horas de conocerse la nueva convocatoria electoral, dicen que van a pagar una parte y a dejar a deber otra parte», informa Pablo Pazos. Además, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de «pitorreo» y «frívolo» este anuncio de Hacienda. Desde el PP subrayan que España «no se merece el uso partidista del Gobierno de las instituciones del Estado». Afirman que el Gobierno de Sánchez ha sometido a las comunidades autónomas y a las entidades locales a «una presión y a un chantaje impropio de una democracia moderna. Bloquearon las transferencias que les debían a cambio de forzar un acuerdo de gobernabilidad que la decencia y la dignidad impedía. Buena prueba de que no había problemas para transferir los fondos (actualización de entregas a cuenta y liquidación IVA pendiente) es que ahora reconocen que se puede hacer aún siendo un Gobierno en funciones». Añaden que «nunca un Gobierno había extorsionado de esta forma a los ciudadanos a través de las administraciones territoriales. Ahora, cuando las elecciones son inminentes, aceptan que no existe problema para pagar sus deudas. España no se merece este uso de las instituciones y de manipulación de la Hacienda del Estado. ¿En qué queda entonces el informe de la Abogacía del Estado que impedía hallar una respuesta? En suma, un aprovechamiento de la Administración para uso partidista del Gobierno». Por último, añaden que «ahora pretenden resolver el asunto, lo que demuestra que han reaccionado tarde y mal, y que las excusas que utilizaban eran falsas. Había solución y se ha demostrado. Han mentido reiteradamente, y lo han hecho abusando de las instituciones y de los españoles. Toda vez que ahora aceptan qué hay solución, analizaremos las responsabilidades en que puedan haber incurrido por negar previamente esa solución».
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