La Generalitat reconoce que «a fecha del 31 de mayo de 2017 había pisos del Incasòl, propiedad de la Generalitat, en Barcelona, que ya acumulaban más de 1.000 días de ocupación ilegal, a falta de actualizar el periodo de ocupación hasta el día de hoy». Así lo denunció ayer el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, a partir de una respuesta presentada por el gobierno autonómico a petición de los populares. En concreto, según la respuesta parlamentaria, en Barcelona en esa fecha había dos pisos de la Generalitat, unoubicado en el distrito de Nou Barris y otro en el de Sants-Montjuïc, que acumulaban más de tres años de ocupación por la demora de procedimiento judicial. La respuesta parlamentaria indica también que a 31 de mayo en Barcelona había ocupadas ilegalmente 22 viviendas públicas del Incasòl. «Efecto llamada» En este sentido, Fernández destacó que esta cifra «supone un incremento de casi un 30%» respecto a finales de 2016, fecha en la que había un total de 17 pisos. En su opinión, este amento es el resultado de que «la permisividad de Carles Puigdemont y Ada Colau con los okupas crea “efecto llamada” en Barcelona». Alberto Fernández criticó también que «la Generalitat no solo da la espalda a Barcelona al eludir los pagos que le competen de manera obligada en educación, cultura o servicios sociales, sino que además no construye nuevas promociones de vivienda pública en la ciudad y permite que pisos públicos de su titularidad estén ocupados de manera irregular». Para el líder del PP de la capital catalana, «cada piso público ocupado ilegalmente es una familia con necesidad, que se ve privada de una vivienda social» y «no se puede consentir que estas ocupaciones ilegales tengan beneficios, ya que además de incumplir la ley perjudican a familias que necesitan de una vivienda social, y no por ello pegan una patada a la puerta, sino que siguen trámites y cumplen normas». En este sentido, los datos aportados ayer complementan los que a mediados del mes de julio, también Fernández dio a conocer sobre los desahucios sociales. Así, desde el PP denunciaron que con Colau como alcaldesa de Barcelona «los desahucios en viviendas sociales se han incrementado un 45%» frente a los 22 que hubo en 2015, año en el que consiguió la alcaldía. Récord de desahucios «Concretamente, 32 desahucios en 2016, cifra récord en los últimos cinco años. Todo apunta que en 2017 las cifras serán similares», destacó Fernández con en base a datos oficiales. Según estos, en 2016 se hicieron 22 desahucios por falta de pago, ocho por ocupación en precario, uno por no tener derecho a subrogación y otro por expiración de plazos y además en el momento del lanzamiento 26 estaban vacíos y seis ocupados.
Via: La Generalitat de Cataluña tiene pisos «okupados» desde hace tres años

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