La Fiscalía pide prisión incondicional para los siete CDR acusados de preparar atentados

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este jueves prisión incondicional para los siete arrestados de los CDR que han comparecido hoy ante el juez. El Ministerio Público considera necesario encarcelar de forma preventiva a los detenidos, a los que acusa de preparar atentados terroristas con explosivos ante la proximidad de la sentencia del «procés», que se espera en la primera quince de octubre. La Fiscalía les atribuye a los siete los delitos de terrorismo y tenencia de explosivos, a pesar de que en una nota difundida el pasado lunes, el día de la operación policial, incluyó la rebelión. El juez debe resolver ahora si acuerda o no las prisiones. Dos de los siete arrestados se han desmarcado del grupo y confesaron ante la Guardia Civil la compra de las sustancias explosivas y haber realizado pruebas para fabricar artefactos. Ambos, que han sido defendidos por abogados de oficio, admitieron su participación en la adquisición de ese material tras serles exhibidos vídeos y documentos gráficos en los que aparecían con otros arrestados, en uno de los cuales aparecen realizando pruebas físicas con los explosivos en una cantera. El grupo central de los arrestados, los que se han negado a declarar a la Fiscalía, son representados por el mismo abogado, de la organización Alerta Solidària, próxima a la entidad independentista radical Arran. Ellos han negado su vinculación con la actividad terrorista, y alegan que tienen arraigo familiar y social para no fugarse. En la nota difundida el pasado lunes, el día de la operación, la Fiscalía no dudó en calificar a los arrestados como un «grupo terrorista de índole secesionista catalán» cuyas acciones se habrían neutralizado con la operación policial. El Ministerio Público justificó la intervención por la «certeza» de que las supuestas acciones terroristas se iban a producir entre el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la publicación de la sentencia del «procés», que se prevé en la primera quincena de octubre. La causa, dirigida por el juzgado central de instrucción número 6, se encuentra bajo secreto de sumario. Según pudo saber ABC de fuentes de la información, los arrestados preparaban un ataque al Parlamento catalán el día de la notificación de la sentencia y contaban con fotos y mapas de situación del cuartel de la Guardia Civil de Canovellas, una localidad de la provincia de Barcelona. Las intervenciones telefónicas, en una investigación que comenzó hace más de un año, han resultado decisivas para destapar los movimientos del grupo, que hablaban «constantemente» de acciones violentas, según estas fuentes. Además de los explosivos, los arrestados (de entre 33 y 55 años) tenían en su poder guías explicativas para la confección y el empleo de los explosivos, así como numerosa documentación y diversos aparatos electrónicos, más de un centenar entre ordenadores, discos duros y memorias USB. En los registros apareció también un arma corta de nueve milímetros, así como munición real y de fogueo. También se encontraron material para confeccionar explosivo Goma 2 y de plástico, así como termita, un artefacto incendiario fruto de una mezcla de polvo de óxido de hierro y polvo de aluminio lista para usar.
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