Las de José Manuel García Adán no eran las cuentas de la lechera. Según el juzgado, este proxeneta que la Operación Carioca sacó de las tinieblas tenía, como tantos otros, sus negocios clandestinos atados y bien atados con su ley del “terror”. Y no corría el riesgo de que se le rompiera el cántaro contra el suelo, porque supuestamente el recipiente estaba blindado por representantes de todos los cuerpos policiales que recibían a cambio compensaciones en metálico y en especie. Así fue hasta que, en 2009, a la trama que urdió Adán en Lugo “le cayó medio Código Penal encima, sin defensa posible”, como declaraba entonces a este periódico el abogado de uno de los principales imputados. Y ahora que la instrucción ha llegado a su fin, de los varios cientos de mujeres que testificaron, algunas han logrado rehacer sus vidas o siguen intentándolo (atrapadas en cursos de formación o contratos basura) al margen de los burdeles. Otras, con 10 años más pero aún jóvenes, como exigen los clientes, siguen atrapadas en la prostitución en España.Seguir leyendo.
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