La Audiencia Provincial de Sevilla ha reabierto el caso por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y ha imputado a Vicente Fernández Guerrero, presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que en el momento de la adjudicación era alto cargo de la Junta de Andalucía. Fernández ha puesto su cargo a disposición del Gobierno, en concreto, ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien depende esta empresa estatal, tras conocerse el auto de la Audiencia, dictado por la juez Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE. La salida de Fernández se formalizará en el Consejo de Ministros de este viernes, según fuentes gubernamentales.Seguir leyendo.
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