El Gobierno advierte a Torrent al llevar al Constitucional la resolución del Parlament

El Gobierno lleva al Tribunal Constitucional las resoluciones del Parlamento de Cataluña del pleno del 25 de julio y solicita que se advierta al presidente de la cámara autonómica, Roger Torrent, para que no promueva y paralice acciones de estas características. Se trata de dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional respecto a la resolución. La primera es sobre los artículos 1.1 y 1.2 en la que el Parlament se ratifica en ejercicio del derecho de autodeterminación. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha dicho que incumple las sentencias 259/2015 y 136/2018 del TC y pide que «se declare la nulidad e inmediata suspensión» de esta resolución. Del mismo modo se refiere el Ejecutivo a una segunda resolución que planteaba la reprobación de Rey Don Felipe. Además, se solicita que se advierta personalmente al presidente del parlamento, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa que deben «paralizar o impedir» cualquier iniciativa «jurídica o material» sobre estos asuntos. En paralelo a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña publicaba una resolución de finales de septiembre. Desde el Gobierno se explica que al no haberse publicado hasta ahora no podían impugnarlas. Pero el ministro Planas ha anticipado que se producirán esas impugnaciones. Planas, que asume la titularidad de la cartera de Función Pública, ha querido insistir en la existencia de «consecuencias de naturaleza jurídica y penal» en caso de incumplimiento por parte de los miembros de la Mesa del Parlament. Incluso ha apuntado a que «probablemente» se trataría de «desacato» en caso de no cumplir las advertencias. El Parlament publica las resoluciones El Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC) ha publicado este viernes las propuestas de resolución aprobadas en el Debate de Política General (DPG) de la semana pasada, entre las que se encuentran las tres que el Gobierno ya ha anunciado que impugnará. En concreto, se trata de las propuestas de resolución que hacían referencia a la amnistía de los dirigentes encarcelados por impulsar el 1-O y a la petición de salida de la Guardia Civil de Cataluña. La publicación de las resoluciones es un requisito necesario para que el Gobierno pueda presentar el recurso ante Tribunal Constitucional (TC) contra las mismas.
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