El Tribunal Constitucional mueve ficha. Los 12 magistrados del pleno han acordado este jueves por unanimidad aceptar a trámite la petición del Gobierno de anular varios apartados de la resolución aprobada por el Parlament el pasado 25 de julio donde se planteaba la reprobación de Felipe VI y se defendía el ejercicio del derecho de autodeterminación. La medida del alto tribunal no implica solo suspender temporalmente los preceptos bajo sospecha, como pedía el Ejecutivo, sino que además pone en el punto de mira al presidente, al secretario general y a la Mesa de la Cámara autonómica, a los que se dirige directamente para advertirles de que tiene la obligación de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar esta nueva decisión del Constitucional o sus sentencias previas. Seguir leyendo.
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