Así tratan ciudades y autonomías de acabar con el turismo masificado

La masificación del turismo, así como la expansión de plataformas de alquileres turísticos como Airbnb, está provocando que comunidades y municipios planteen medidas para frenarlo, pese a las buenas cifras económicas que demuestran los beneficios de que los extranjeros elijan España como destino para sus vacaciones. Además, a esto hay que sumar los incidentes que están llevando a cabo grupos radicales, como ocurre en Cataluña, a manos de grupos vinculados a la CUP. Por su parte, radicales del país vasco se han sumado a esta corriente. La organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai ha convocado una manifestación el próximo 17 de agosto en San Sebastián, en contra del turismo, bajo el lema «Zuen turismoa gazteon miseria— Vuestro turismo la miseria de los jóvenes». La convocatoria de esta manifestación, que se celebrará en plena Aste Nagusia donostiarra, se realiza después de que en los últimos días hayan aparecido pintadas en la Parte Vieja de San Sebastián en las que se lee «Tourist go home» (Turistas a casa). En Baleares, lo largo del pasado mes de julio, el Parlamento balear y el Ayuntamiento de Palma aprobaron diversas iniciativas en materia turística, al entender que en estos momentos existiría una cierta situación de saturación y de exceso de oferta, sobre todo con respecto al alquiler vacacional. En el caso del consistorio palmesano, en el pleno celebrado la pasada semana se aprobó una iniciativa popular que insta a la corporación a prohibir el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad. El equipo de gobierno municipal está conformado en el presente mandato por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos. En esta ocasión dichas formaciones no votaron, sin embargo, en el mismo sentido. Así, mientras MÉS y Podemos votaron a favor de la mencionada proposición, el PSOE se abstuvo. Por lo que respecta a la oposición, el PP se abstuvo también, mientras que Ciudadanos votó en contra. La decisión adoptada por el Ayuntamiento de Palma tuvo lugar diez días después de que el Parlamento balear hubiera aprobado diversas modificaciones en la denominada Ley de Turismo, puesta en marcha en la pasada legislatura por el Partido Popular. La mayor parte de los cambios aprobados ahora en la Cámara regional contaron con el apoyo del PSOE, MÉS y Podemos. Por su parte, el PP, Ciudadanos y Proposta per les Illes (PI) votaron en contra. Un hecho a destacar es que la Cámara regional aprobó hace dos semanas, entre otras novedades, un punto que en principio parece entrar ahora en contradicción con la citada iniciativa validada por el consistorio palmesano. Así, el Parlamento autonómico acordó que los propietarios de pisos podrían alquilar dichos pisos a turistas por un máximo de 60 días al año, si bien con la condición de que el piso que se alquile sea la vivienda habitual del propietario del inmueble. En cualquier caso, el desarrollo de ese pleno parlamentario fue muy confuso y finalmente no quedó del todo claro qué se había aprobado exactamente. De hecho, en los últimos días el PSOE, MÉS y Podemos han mantenido varios encuentros para intentar concretar sus respectivas posiciones y para acercar posturas sobre los puntos que ahora les distancian. Por ese motivo, en breve tendrá lugar otro pleno en la Cámara centrado de nuevo en la Ley de Turismo. Una vez celebrado dicho pleno, se podrá ver si la controvertida propuesta del consistorio palmesano de prohibir el alquiler turístico en toda la ciudad se llevará finalmente a cabo o no. A partir del momento en que las modificaciones de la Ley de Turismo entren ya en vigor, los consejos insulares y los ayuntamientos dispondrán de un año para determinar en qué zonas se autorizarán nuevos alquileres turísticos y en cuáles no. Multas de entre 20.000 y 40.000 euros Por lo demás, la renovada Ley de Turismo prevé ya ahora que los propietarios de pisos que alquilen sus viviendas a turistas sin la preceptiva autorización podrán ser sancionados con multas que oscilarán entre los 20.000 y los 40.000 euro s. En caso de que el arrendamiento irregular sea llevado a cabo por plataformas especializadas o agencias, las sanciones para ambas se situarán entre los 40.000 y los 400.000 euros. Algo parecido es lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, donde el turismo se ha convertido en uno de los enemigos de los vecinos del centro de Valencia, aunque todavía no se ha llegado a extremos de «turismofobia» como los de Cataluña o Baleares. En barrios como el Carmen o Ruzafa, muchos balcones de las casas se llenan de carteles en señal de protesta por el escándalo que reina en la zona cuando cae la noche. El «turismo de borrachera», como algunos vecinos le llaman, ha amenazado de tal forma el descanso de los valencianos que ha provocado que muchos de ellos terminen por desplazarse a otras zonas y abandonen sus viviendas de la zona centro, donde ya se ha producido alguna manifestación. El problema se ha ido acentuando con el tiempo fruto del aumento de la oferta de alquiler de viviendas ilegales. En Valencia, de los 4.714 apartamentos turísticos que el Ayuntamiento tiene registrados, 2.429 están sin reglar. Suponen, en total, 18.102 plazas de alojamiento, el 48,6% de las que dispone toda Valencia, concentradas en los barrios El Carmen, la Seu y el Mercado Central. Tras este informe, el Ayuntamiento ha anunciado este mes de agosto la implantación de una tasa turística y el incremento de los controles para garantizar «un mínimo de calidad» para los turistas y «combatir» la economía sumergida. A nivel autonómico, la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana cifra en 150.000 las plazas ilegales que actualmente hay en la región, lo que supone un aumento del 76% desde el año 2014. Ante estos datos, el Gobierno autonómico realizó inspecciones y sancionó a las plataformas de alquiler de apartamentos Airbnb, Homeaway o Rentalia -entre otras- con multas de 30.000 euros cada una por incluir en su oferta viviendas no registradas. Sin embargo, desde la Confederación señalan que en Valencia se…
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