Ante un desafío excepcional, el Gobierno, con acuerdo de los principales partidos de la oposición, PSOE y Ciudadanos, ha dado un paso igualmente excepcional: acudir al Senado para proponer una serie de medidas que, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, impidan al presidente de la Generalitat seguir actuando contra el interés general y garanticen el cumplimiento por parte del Govern y el Parlament catalán de sus obligaciones constitucionales. Ambas instituciones se han situado fuera de la legalidad: actuar contra ellas está plenamente justificado.Seguir leyendo.
Via: El Estado democrático responde
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