Dos abogados de Podemos denuncian haber sido despedidos por investigar «irregularidades» internas

Dos abogados de Podemos denuncian haber sido despedidos por la formación como «represalia» después de investigar una serie de irregularidades internas. Se trata de la Responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona Segura, y del Delegado de Protección de Datos, José Manuel Calvente Redondo. «Todo ello para intentar puerilmente ocultar las graves infracciones legales objeto de investigación e intentar doblegar nuestra voluntad», aseguran en una carta filtrada a varios medios. Los abogados lamentan en un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, que su cese se debe a «un grave acto de represalia y posibles coacciones» por investigar «graves irregularidades» que, apuntan a su vez, son «financieras» y están relacionadas con «los procesos de primarias» y en consultas internas. Además, señalan que dichas anomalías afectarían a varios cargos internos. El comunicado está firmado únicamente por Carmona Segura. La letrada lo ha enviado directamente al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano entre Asambleas del partido, para denunciar la situación. «En los últimos meses se han producido una serie de irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional», se recoge en el texto. Las anomalías se habrían producido además en áreas de las que ambos trabajadores eran responsables por lo decidieron abrir «expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y defender al partido ante una posible reclamación». Sin embargo, aseguran que la reacción de la cúpula de Podemos fue «inventar acusaciones» contra Calvente Redondo para justificar «laboralmente su despido» y sustituir a Carmona Segura alegando «reorganización de departamentos». Se trata de un nuevo altercado laboral para Podemos en menos de un mes. Hace dos semanas se conoció que una trabajadora había denunciado a la número dos, Irene Montero, por trato laboral «discriminatorio». El acto de conciliación fue suspendido a finales de noviembre por acuerdo de las partes y se señaló otra fecha en enero, según apuntaron a ABC fuentes jurídicas. Como ya explicó entonces ABC, las negociaciones avanzan en buenos términos y el partido intenta llegar a un acuerdo para evitar el juicio. El partido esgrimió el artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores alegando motivos económicos y reducción de costes para romper el contrato.
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