El Supremo imputa a Laura Borràs por delitos de prevaricación y malversación

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa a la diputada de JpCat en el Congreso Laura Borràs por las presuntas irregularidades en 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), que fueron adjudicados a su «amigo» Isaías Herrero. El asunto se estaba instruyendo en Cataluña antes de Borràs alcanzara la condición de aforada por delitos de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos. El alto tribunal resuelve de acuerdo con la Fiscalía, que hace dos semanas emitió informe en el que apreciaba claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, Borràs «abusó» de su condición de directora de la ILC para adjudicar «directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática», cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero. Considera que «en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional», los hechos descritos en la exposición razonada podrían ser delictivos y le imputa estos cuatro delitos, además de extender competencia al empresario Herrero. El Ministerio Público considera que la Sala Penal, que preside Manuel Marchena, es la competente para instruir esta causa que una juez de Barcelona remitió al Supremo ante la condición de aforada de Borràs, miembro de la Diputación Permanente del Congreso y de nuevo diputada en esta legislatura. Para la Fiscalía, hay «claros y contundentes indicios de simulación documental (continuada por parte de ambos) a la hora de confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autencididad». La finalidad última y única de esos documentos, dice, «era su aportación a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual, encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a Herrero y enmascarando el ilegal fraccionamiento contractual». El fiscal Javier Zaragoza denuncia en su informe que entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó a Herrero un total de 18 contratos menores fraccionando «de manera ilegal» en 18.000 euros la contratación de servicios que «en realidad obedecían a una misma unidad operativa o funcional». Borràs era «perfectamente conocedora desde el inicio de su mandato de la prohibición legal de fraccionar en varios contratos un mismo objeto contractual». El importe de los contratos adjudicados a Herrero fue de 259.863 euros, según la exposición de la que se hace eco el fiscal.
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