Vía libre a los «foreign affairs» de la Generalitat de Cataluña. La nueva era de entendimiento entre el Gobierno del PSOE y el ejecutivo catalán implica, además de habilitar como interlocutor político al independentismo, dar luz verde a la red de delegaciones internacionales del Govern, que estará conformada por quince «embajadas» una vez abran las recientemente anunciadas de Túnez, Argentina y México. Moncloa justifica su visto bueno en el hecho de que la Generalitat ha atendido los «requerimientos del Gobierno» de limitar la actividad de las delegaciones a acciones comerciales y culturales, y no políticas o de interlocución bilateral con los distintos países, algo reservado al Estado. Se ha pasado de la firmeza con la que el anterior titular de Exteriores, Josep Borrell, trató la acción exterior catalana a la cesión. Precisamente, el plácet del Gobierno de Pedro Sánchez a las nuevas «embajadas» se produce de manera simultánea a la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, que fueron clausuradas tras la aplicación del artículo 155 en septiembre de 2017 por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. De hecho, una de las primera medidas que adoptó la nueva Generalitat presidida por Quim Torra en junio de 2018 fue la reapertura de las citadas «embajadas», una manera de recuperar la voz de Cataluña en el exterior, se dijo. La medida se adoptó de manera automática sin remitir el preceptivo informe previo al Ministerio de Exteriores alegando que se trataba de reaperturas, y no de nuevas embajadas. Ahora, el TSJC ha acordado estimar el recurso contencioso que presentó el Ministerio entonces dirigido por Borrell y suspender ese decreto. No obstante, fuentes de la Generalitat apuntan a ABC que la decisión no tendrá incidencia, en tanto que el decreto anulado fue reemplazado por otros seis que se aprobaron en septiembre del año pasado, y que sí incluían, asegura el Govern, el informe previo a Exteriores. Con ello, se actualizaron las «funciones» de las «embajadas catalanas» —desde la Generalitat no se precisa en qué sentido—. Estos nuevos decretos no han sido recurridos por la Abogacía del Estado pese a que el TSJC señala que «no se constata diferencia sustantiva ninguna en el régimen jurídico atribuido a las seis delegaciones del Govern de la Generalitat». La nueva fase de tolerancia con la red exterior catalana se plasma también en el visto bueno del Gobierno a las tres nuevas «embajadas» que se han anunciado en Argentina, México y Túnez, un cambio de criterio que el Ejecutivo justifica asegurando que, en los nuevos decretos modificados, la Generalitat ha aceptado limitar el alcance político de estas delegaciones. El cambio de paso del Gobierno -paralelo al de la Generalitat, se asegura- fue explicado ayer por la ministra portavoz, María Jesús Montero. que aseguró que la Generalitat ha atendido sus consideraciones por lo que ahora «quedan perfectamente delimitadas las competencias». El Gobierno, a través de Exteriores, con la nueva titular Arancha González Laya al frente, recuerda que si la Generalitat incumple siempre pueden forzar su cierre. En este contexto, el PP ha pedido la comparecencia de la nueva ministra en el Congreso para que explique el cambio de criterio del Gobierno sobre estas «embajadas». Cs, por su parte, registró ayer una proposición de ley para garantizar la cooperación de las Comunidades autónomas en acción exterior y una pregunta al Gobierno sobre su «cambio de criterio» con respecto a la «diplomacia» catalana. La Fiscalía cuestiona que la Junta Electoral Central pueda dejar a Torra sin escaño No hay duda de que la carrera política de Quim Torra está amortizada, pero el posicionamiento de la Fiscalía sobre los tempos de su cese podría alargar unos meses el estertor de su Presidencia. El cuestionamiento del fiscal Pedro Crespo de la competencia de la Junta Electoral Central (JEC) para cesar a Torra como diputado podría dar aire al «president» para alargar su etapa al frente de la Generalitat, al menos hasta que el Tribunal Supremo confirme la sentencia que le condenó por su desafío a la Junta Electoral con los lazos amarillos. Para comprender el embrollo judicial en el que se ha convertido el caso Torra conviene hacer un esfuerzo de recapitulación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Quim Torra a un año y medio de inhabilitación para cargos públicos. El «president» había desoído las órdenes de la JEC que le conminaban a descolgar durante el periodo electoral de los edificios públicos dependientes de la administración autonómica —especialmente el Palau de la Generalitat— los lazos amarillos y otros «símbolos partidistas». El fallo que le inhabilitaba era ya un hecho, pero, como el abogado del Torra recurrió la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo, quedaba por ver si la caída del «president» se producía antes o después de que el Alto Tribunal resolviese, algo que podría producirse ya después del verano. En este punto, la JEC movió ficha, y, a instancias del PP, Ciudadanos y Vox, y con una gran división interna, decidió aplicar a Torra el principio de «inelegibilidad sobrevenida» tras ser condenado por el TSJC y pese a no ser todavía la sentencia firme. Luego, la Junta Electoral Provincial de Barcelona se apresuró a retirarle la credencial de diputado, lo que podría comportar su destitución como presidente dado que el Estatut considera que ser parlamentario es requisito para acceder al cargo. Ante esta situación, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, blindaba a Torra como «diputado de pleno derecho» al considerar que la junta electoral no es competente para ordenar la inhabilitación de un parlamentario. El pronunciamiento de ayer del Ministerio Público, el primero de calado en el asunto catalán desde que la exministra socialista Dolores Delgado fue propuesta fiscal general, se alinea con lo defendido por el Parlament. El informe lo ha presentado el fiscal ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, a propósito del intento de Torra de…
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