El TC empieza a registrar los recursos de amparo contra la sentencia del «procés»

Tres de los condenados del «procés», Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, han recurrido este miércoles ante el Tribunal Constitucional la sentencia que les condenó por delitos de sedición, y en los dos primeros casos también de malversación. En sendos recursos que superan los folios, la defensa de los tres condenados apela a la especial trascendencia constitucional de este recurso para que el TC se pronuncie sobre «cuestiones sobre las que no existen precedentes, como la compatibilidad del derecho de sedición y su aplicación al presente caso con los derechos fundamentales a la libertad ideológica, reunión, manifestación y legalidad. Alegan, además, que el Tribunal Supremo ha tomado decisiones que contravienen el derecho a la igualdad previsto en el artículo 24 de la Constitución. Entre los derechos vulnerados aluden al derecho al juez predeterminado por ley, algo que la defensa atribuye a la desconfianza de las máximas instituciones judiciales españlolas respecto d ela «imparcialidad y serenidad» de los magistrados y jueces catalanes). «Ni uno solo de los elementos típicos de los delitos atribuidos a los procesados acontecieron fuera del territorio catalán», donde, a su juicio, deberían haber sido juzgados. Alegan también vulneración del derecho de defensa por no haber permitido a los acusados declarar en su lengua materna y haber impedido a los testigos expresarse en catalán, y critican que no se aceptaran las recusaciones contra el instructor Llarena y contra varios de los miembros del tribunal. Cuestionan, además, al presidente del tribunal, Manuel Marchena, por el «rol inquisitivo» que asumió en el acto del juicio. Según la defensa se vulneró también el principio de igualdad de armas, en el sentido de que, a diferencia de los de las acusaciones, se limitaron los interrogatorios de las defensas. «Hubo una flagrante desigualdad» entre unas y otras partes, llega a decir el letrado. En concreto se refiere a una actitud permisiva ante las valoraciones que hicieron en sala los testigos de las acusaciones que fueron cortadas de raíz cuando era el turno de los testigos de la defensa. Se refiere también a la negativa a que los abogados pudieran acceder a la instrucción que se llevó a cabo en el juzgado de instrucción núnero 13 de Barcelona, donde arrancó la investigación. El letrado de los tres condenados acusa al Gobierno español de orquestar durante la instrucción una campaña propagandística «supuestamente pensada para informar en el extranjero de los hechos que se estaban enjuiciando: se consideraba a los procesados culpables de los hechos enjuiciados antes de dictarse sentencia», señala.
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