La Generalitat no permitirá a los líderes presos confinarse en casa ante «las amenazas» del Supremo

La Generalitat de Cataluña no dejará finalmente que los líderes independentistas presos puedan pasar el confinamiento en casa ante la advertencia del Tribunal Supremo de que podría acarrear consecuencias penales para los funcionarios de las prisiones. El Govern anunció al pasado martes que estudiaría resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, tras lo que el Tribunal Supremo advirtió que si se enviaba a su casa a los líderes del “procés” los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación. Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas, que son quienes debían decidir si los presos se van a sus domicilios mientras dure el estado de alarma, se han inclinado por no permitírselo ante lo que consideran «coacciones y amenazas» del Alto Tribunal a los funcionarios que componen dichas juntas. Según han explicado fuentes de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, dependiente de la Consejería de Justicia, las juntas han acordado estos días el confinamiento domiciliario de 15 presos clasificados en segundo grado (régimen ordinario) y a los que se aplicaba también el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. No están entre ellos ninguno de los nueve líderes políticos presos, que se encuentran en la misma situación: en segundo grado y beneficiándose de la flexibilización del 100.2. El Reglamento Penitenciario permite que las juntas de tratamiento dejen dormir en casa a los presos que están clasificados en tercer grado (semilibertad), que son aquellos que en circunstancias normales salen a diario de la prisión a trabajar o hacer voluntariados para volver a la prisión a pernoctar. La normativa no contempla que esto mismo se pueda hacer con los presos que están en segundo grado pero que gracias al 100.2 pueden salir también a trabajar (antes del estado de alarma). Tal es el caso de los nueve líderes independentistas a quienes el Supremo condenó a penas de hasta 13 años de cárcel por sedición.
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