El sector inmobiliario cree que las ayudas del Gobierno discriminan a los inquilinos

Discriminatorias. Así ven en el sector inmobiliario las ayudas al alquiler aprobadas en el último Consejo de Ministros. El hecho de que el Gobierno considere a los propietarios de más de diez viviendas grandes tenedores y les imponga unas condiciones más estrictas que al resto de caseros ha desatado un reguero de críticas que proceden desde grandes empresas a consultoras. Los inquilinos vulnerables que habiten una vivienda de un fondo, una socimi o simplemente un particular con más de diez casas podrán elegir entre quitas del 50% o moratorias durante un periodo de hasta cuatro meses. El resto de inquilinos accederán a una línea de avales del Estado para pagar micropréstamos destinados al pago del alquiler. Pero no habrá penalización para sus caseros. «En la práctica, esto discrimina a los inquilinos que estén alquilados en la vivienda de un particular. Una vez más, el Gobierno convierte una medida razonable para meterle una dosis ideológica», explica el consejero delegado de Colliers España, Mikel Echavarren. Pero no solo el inmobiliario ve discriminatorias las ayudas. Sectores como el pequeño comercio o la logística han alzado la voz en las últimas horas para criticar que no existan incentivos para locales comerciales. La patronal logística UNO pidió ayer a los fondos inmobiliarios que actúan como caseros que apliquen descuentos a las empresas del sector para contrarrestar la caída de la actividad. La asociación criticó el «desamparo» en el que han quedado estas empresas al no poder acceder a las moratorias y quitas puestas en marcha por el Ejecutivo, que en principio ha descartado incluir a los autónomos y las pymes entre los beneficiarios de estas ayudas. Previsiblemente, el acceso a estas ayudas no será sencillo. El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria sostiene que los trámites tienen una «elevada complejidad» y no facilitan «una solución inmediata y ágil» de la situación. Los beneficiarios de estas medidas tendrán que presentar distintos certificados en los que figuren, por ejemplo, la cuantía percibida en concepto de prestaciones por desempleo o la titularidad de bienes. Obtener estos documentos en pleno estado de alarma será otro hándicap para los inquilinos, aunque desde el Ejecutivo aseguran que se podrá presentar una declaración responsable que incluya la justificación de los motivos que impidan la presentación de dichos documentos.
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