El Gobierno permitirá despedir a las empresas que estén al borde de la quiebra

Tras una maratoniana y tensa reunión, la CEOE ha ratificado hoy el preacuerdo alcanzado esta madrugada con el Gobierno y los sindicatos y por el que se prorrogan hasta final de junio los ERTE por fuerza mayor y se mantiene la protección por desempleo y la exoneración de cotización como hasta ahora, aunque con porcentajes menores para las empresas que reanuden parcialmente la actividad. No obstante, quedarán excluidas del compromiso de no despedir que llevan implícito los ERTES aquellas empresas que estén en riesgo de acogerse a un concurso de acreedores, esto es, que se encuentren al borde de la quiebra . La prohibición del despido era uno de los puntos más espinosos para los empresarios ya que consideraban que podía generar una cascada de quiebras. Para el resto de empresas, eso sí, mantiene el límite de no destruir empleo en los siguientes seis meses. La inclusión de esta cláusula ha sido la clave que ha hecho posible el acuerdo a última hora. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha asegurado en una rueda de prensa que se trata de un matiz «muy importante» porque es «muy difícil» que una empresa amntenga el empleo si «al final desaparece». El anuncio del acuerdo por parte de la CEOE se ha producido después de un intenso debate en el que se ha evidenciado el clima de desconfianza creciente entre los miembros de la patronal y el Ejecutivo. El principal punto de conflicto ha sido precisamente la exigencia de que no se extingan contratos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción provocadas por la pandemia hasta el año 2021. Trabajo había impuesto que las empresas que no mantengan el intacta su plantilla hasta final de año deberán devolver todas las ayudas recibidas, lo que se traduce en el reembolso de las cotizaciones de las que se vieron exentas, incluyendo además los recargos e intereses de demora. Finalmente, el compromiso de no despedir no se aplicará a empresas en riesgo de concurso de acreedores, aunque hay cierta incredulidad entre algunos empresarios sobre los criterios que van a definir este umbral. Sin embargo, Garamendi ha asegurado que los criterios que definen si una empresa está en situación de solicitar el concurso «son clarísimos» y ha negado la posibilidad de que este asunto vaya a derivar en una cascada de litigios con el Ministerio de Trabajo. En la misma línea sea ha mostrado Gerardo Cuerva, vicepresidente de CEOE, quien ha dicho que el hecho de que el Gobierno haya tenido en cuenta esta característica ha sido decisivo para que se haya podido encontrat el equilibrio. «Lo que no podía ser era que una claúsula para mantener el empleo no puede derivar en la liquidación de las empresas». Según Garamendi, la idea es que debe haber unos «vasos comunicantes» entre los ERTE y la desescalada del país para lograr que el país pueda volver «de nuevo a la normalidad». «No queremos ir a la nueva normalidad, sino volver de nueva a la normalidad», ha insistido Garamendi. De no ser así, las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía española. «Los empresarios estamos deseando reincorporar a todo el mundo al trabajo pero va a ser difícil. El propio Gobierno lo reconoce. Esperamos no llegar al 20% de tasa de paro que se vaticina», ha asegurado Garamendi. El acuerdo recoge además que no podrán repartir dividendos las empresa que se hayan acogido a algún ERTE, ni tampoco las que tengan sus sedes en paraísos fiscales, si bien la protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos se extiende hasta el 31 de diciembre. La fuerza mayor total implicará la exoneración del 100% de las cuotas sociales para las empresas con menos de 50 trabajadores y el 75% para las de más empleados, mientras que la fuerza mayor parcial supondrá exenciones desde el 30 al 85 % dependiendo de las circunstancias, primando la reducción de jornada sobre el mantenimiento de la suspensión. De esta forma, las empresas que reinicien la actividad con reducciones de jornada podrá descontarse el 85% de las cuotas de mayo y el 70% de las de junio en caso de que cuenten con menos de 50 trabajadores, porcentaje que será del 60% en mayo y el 45% en junio si tienen más empleados. Aquellas que reanuden su activiodad pero mantengan a parte de su plantilla en suspenso podrán descontarse el 60% de las cuotas de mayo y el 45% de las de junio (menos de 50 trabajadores) y el 45 % de las cuotas de mayo y el 30% de las de junio (más empleados). Estas medidas estarán sujetas al compromiso de la empresa, a excepción de las que estén en riesgo de entrar en concurso, de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, es decir, la reincorporación al trabajo efectivo de sus trabajadores, aún cuando sea de forma parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. En un comunciado, la CEOE ha asegurado que le hubiera gustado una una propuesta a más largo plazo que diese «certidumbre a las empresas», lo que hubiera dado «seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras, para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad». Sin embargo, «dentro de los márgenes temporales y presupuestarios del Gobierno», los miembros del Comité entienden que este acuerdo, «aunque no es el deseado, mejora la propuesta inicial, por lo que se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica». En cualquier caso, los empresarios instan a través de la patronal al Gobierno a que se reúna ya, «desde mañana mismo, con los sectores más afectados para negociar las medidas necesarias y específicas de cada uno de ellos». Garamendi ha insitido mucho en la necesidad de que el Gobierno establezca ahora reuniones y planes para los sectores más afectados y se encuentre una válvula de escape para que esto no derive en una abalancha de quiebras. Garamendi ha…
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