Golpe de mano al poder judicial

El Gobierno y el Congreso convirtieron ayer en un irrelevante debate de trámite nada menos que una reforma de la Justicia por decreto, que con la excusa de ofrecer fórmulas alternativas de funcionamiento y organización ante la crisis del Covid-19, no deja de ser un ataque frontal a la estructura y concepción constitucional de nuestros Tribunales. Pedro Sánchez podrá ufanarse cuanto quiera de su dominio parlamentario de la geometría variable para sobrevivir durante el estado de alarma. Pero el dato objetivo es que su Gobierno va a asestar un golpe determinante al tercer poder del Estado, va a mermar su autonomía funcional, y pervierte el concepto de independencia judicial frente a cualquier acción del Ejecutivo. Ahora, Sánchez se ha visto forzado a ceder ante el PNV y ERC, sus socios naturales de investidura. Bastaba su apoyo para convertir en papel mojado las negociaciones del ministro de Justicia con el PP y para someter al poder judicial a la voluntad del Gobierno mientras dure la tragedia. Sánchez ya no solo controla sin recato alguno el poder ejecutivo y el legislativo, sino que ahora puede presumir de haber encontrado la herramienta idónea para pervertir a capricho al poder judicial sin hacer el menor caso a las objeciones que los agentes del mundo de la justicia oponían a su proyecto. Este Gobierno ya apuntó maneras con la designación de Dolores Delgado como fiscal general sin tener el certificado de idoneidad por parte del CGPJ, o con los obscenos ataques de Pablo Iglesias a la independencia de los jueces. Desde ayer, y aprovechando la excepcionalidad de este limbo jurídico al que el Gobierno está sometiendo a los ciudadanos, en el que cualquier abuso está justificado, la senda de España hacia la autocracia queda aún más expedita. Y eso no deja de ser muy preocupante para la protección de las garantías y libertades constitucionales. Faltaría más que ERC y el PNV no quisieran prestarse a participar como cooperadores necesarios de una estrategia de intervencionismo judicial. Su voto entra dentro de lo lógico. El primero, porque está en precampaña y necesita exhibir su dominio absoluto sobre la voluntad de Pedro Sánchez, incluso frente a Bildu y a la probable excarcelación de presos etarras. Y el segundo, porque maneja a conveniencia sus tiempos y castigos a Sánchez, pero sobre todo porque necesita ser la llave que permita en su momento la salida de prisión de los presos condenados por sedición. Está en su naturaleza hacer valer sus votos a cambio de prebendas y privilegios aunque sea a costa de la independencia del tercer poder del Estado. En esta ocasión, Ciudadanos votó en contra, pero no por coherencia o por tratarse de un decreto profundamente antidemocrático, sino porque Sánchez no necesitaba esta vez a Inés Arrimadas. El Gobierno incurre de nuevo en un intento de extorsión moral a la Justicia, y lo hace de la mano del independentismo. La cuestión no requiere más interpretaciones.
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