Sanidad obligará a llevar mascarilla hasta que haya vacuna o considere que la pandemia ha terminado

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el decreto con el que se regulará la «nueva normalidad» tras el estado de alarma. Se espera que el documento definitivo, que todavía no ha trascendido, no diste demasiado del borrador que se hizo público la semana pasada. No obstante, según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta norma no tendrá una fecha concreta de caducidad y estará vigente hasta que el Gobierno motive que la pandemia ha finalizado o llegue una vacuna contra el virus. Hasta entonces, llevar mascarilla o guardar una distancia de seguridad interpersonal como mínimo de 1,5 metros será obligatorio. Igual que el resto de medidas establecidas por el Ejecutivo en este documento, en el que, según ha desgranado el ministro, también se obligará a todas las autonomías a establecer planes de contingencia en hospitales y residencias de ancianos para evitar que la pandemia se reavive. Como ha expuesto Illa, el Ejecutivo, salvo que surja antes una vacuna eficaz, tendrá la última palabra sobre levantar estas medidas. Sin embargo, Sanidad deberá motivar su decisión en la luz verde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). “Las medidas del real decreto que hemos aprobado hoy estarán vigentes hasta que el Gobierno, de forma motivada habiendo escuchando a las comunidades autónomas y con un informe del CCAES, considere acabada la crisis”, ha manifestado el ministro, quien también ha especificado que no respetar la obligatoriedad de la mascarilla allí donde no se pueda respetar la distancia de seguridad puede conllevar una multa de 100 euros. Planes de contingencia El documento, que previsiblemente saldrá adelante en el Congreso en virtud de los recientes apoyos recabados por el Ejecutivo, mantendrá una línea continuista sobre las medidas ya establecidas. De este modo, y aunque no haya grandes restricciones sobre la movilidad o la actividad económica, seguirá siendo obligatorio realizar test diagnóstico PCR o similar a todos aquellos casos sospechosos que vayan surgiendo. También tendrán que seguir facilitando los datos epidemiológicos a Sanidad para continuar realizando un seguimiento como hasta ahora. Una vez superado el estado de alarma, y aunque las regiones ya hayan recuperado sus competencias en fase 3, el decreto establecerá que los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas tendrán que disponer de un plan de contingencia que permita a sus hospitales ampliar su número de camas disponibles en un plazo máximo de cinco días en caso de que la situación se recrudezca. En este sentido, el Gobierno establecerá también unas obligaciones algo más estrictas para las entidades que presten servicios sociales. Entre ellas se encuentras las residencias de ancianos, que han sido uno de los epicentros de la pandemia en toda España y que tendrán que ofrecer a las autoridades sanitarias de su región un plan de contingencia con su protocolo de actuación ante hipotéticos rebrotes. Además, estos centros deben garantizar la coordinación «con los recursos sanitarios del Sistema de Salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen». Higiene y distancia El ministro Illa también ha insistido en que a partir del 21 de junio se levantará el estado de alarma para todo el territorio y, por ende, que todas las regiones avanzarán hacia la nueva normalidad. En este punto, el titular de Sanidad ha recordado las cuatro reglas que deberá seguir cualquier ciudadano para no alimentar rebrotes de coronavirus: «Llevar mascarilla obligatoriamente, mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, lavado de manos y guardar máxima higiene en espacios públicos y privados».
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