La concertada acudirá a los tribunales por quedar excluida de las ayudas del Gobierno

La concertada no ha conseguido salvarse del ataque contenido en el documento que el Gobierno presentó en la comisión de reconstrucción económica y social tras la crisis del coronavirus del Congreso. Por eso, han anunciado, en un comunicado conjunto firmado por patronales, sindicatos y padres, que acudirán a la justicia. «Familias, profesores e instituciones educativas están trasladando a nuestras organizaciones su enorme malestar ante esta situación, por lo que es nuestro deber seguir trabajando en defensa de sus derechos con todos los medios que estén a nuestro alcance, incluyendo movilizaciones o acciones jurídicas, siempre y cuando no se perciba un compromiso que, más allá de las palabras vacías, garantice que no se van a hurtar los derechos de millones de españoles». Las medidas en contra de este sector estaban contenidas en uno de los cuatro grupos de trabajo de la comisión (Políticas Sociales y Sistema de Cuidados) cuyo apartado dedicado a educación establece, en sus dos primeros apartados que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa», o que «las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes». El texto, que no integró ninguna enmienda en defensa de la concertada, solo contó con 155 votos (los de PSOE y Unidas Podemos), cosechando 132 noes y 5 abstenciones. La comisión ha celebrado este viernes su última reunión, que se ha extendido durante casi cuatro horas, para debatir y votar las conclusiones finales. Las propuestas y resoluciones que emanaron del debate se incluirán en el dictamen que será enviado al pleno del Congreso para su aprobación, posiblemente, en la semana del 20 de julio. Durante el debate final en el grupo de trabajo en el que se incluía la espinosa cuestión sobre la exclusión de la concertada, Rosa Romero, del PP, ha dicho que se quedan cortos y hacen en el bloque educativo «un ataque muy grave a la libertad que emana de la Constitución, que es la libertad de los padres para elegir el modelo que quieren para sus hijos. No podemos aceptar su propuesta en la que quieren dejar al margen a dos milloens de alumnos que estudian en la concertada. Les volvemos a insistir: la pública y la concertada conviven en el sistema educativo. Se les llena la boca diciendo que quieren consenso, cómo pueden plantear una propuesta que vuelve a las viejas recetas de la izquierda de querer enfrentar lo público con lo privado. No podemos entender que dejen de lado a los centros de educación especial. No podemos votar a un documento que deja al margen a la libertad y que es un ataque claro y directo a la educación concertada». Sara Giménez, de Cs, ha señalado que lamentado no llegar a acuerdos en el ámbito educativo, «tenemos que ser consciente que los niños y las familias han sido perjudicadas por esta pandemia y no ha habido diferencias de si un niño ha ido a la escuela concertada o a la pública, ¿realmente creemos que merecen más o menor protoección un niño que va a una modalidad concertada u otra? ¿tenemos que dejar fuera y amenazar a las escuelas especiales? Se está sectarizando nuestro Gobierno cuando en educación centran en esto el debate, se tiene que centrar en que todos tengan igualdad de oportunidades, que no se deje atrás a ninguno». Por su parte, María Luisa Carcedo, del PSOE, defendió el documento y dijo que «se está desenfocando su finalidad». Respecto a las críticas al PSOE por denostar la concertada, Carcedo ha dicho que hay una ley (la Lomloe) que se está tramitando y que, por tanto, las enmiendas sobre educación «habrá tiempo de debatirlas con mucha más intensidad y con tiempo de ponernos de acuerdo». Carcedo que «no puedo admitir es que se acuse a este partido esté en contra de la libertad y sí reconocemos ideología en los asuntos que incluyen el documento como «la lucha contra la segregación, la inclusión social y luchar contra la pobreza». «Recortes salvajes» En la misma línea, Pablo Echenique de UP, dijo que «estamos muy orgullosos de que hayamos podido acordar un aumento de la financiación educativo a la escuela pública de gestión directa porque los hechos objetivos dicen que los mayores recortes de los últimos años se han dado en la escuela pública de gestión directa, y sin embargo en la privada-concertada prácticamente no hubo recortes y en algunas comunidades incluso se aumentó la financiación. No se preocupen por la salud económica de la privada concertada porque ha sido bastante protegida por los diferentes gobiernos durante la última década, sin embargo, los recortes de la pública de gestión directa han sido salvajes», señaló y agregó que el Gobierno «tiene un compromiso con la educación especial». «Destestan a la concertada» Sergio Sayas López, de UPN, dijo que «está claro que esta comisión tenía sentido en su origen para ponernos de acuerdo, pero es difícil alcanzarlos cuando no se tiene voluntad de acordar dando la espalda a algo tan importante para nuestro país como es la educación concertada. Y no se tiene voluntad por sectarismo, porque se quiere ideologizar la educación, se quiere atacar la libertad. Es imposible que tengamos un país fuerte cuando no se respetan pilares tan fundamentales y constituciones como la libertad de elección de centro. La concertada, aunque de iniciativa privada, presta un servicio público esencial para nuestro país y, por tanto, es absolutamente injustificable el sectarismo con el que actúa el Gobierno y los grupos que le apoyan porque dan carpetazo a las ayudas a la concertada solo porque ideológicamente no les gusta o la detestan». «¿Son élites quienes forman a los menas o a personas de barrios pobres?» Ana María Oramas, de Coalición Canaria, dijo que no van aprobar las conclusiones del grupo de trabajo y criticó que «empiezan a vender una historia de los centros concertados que no pueden tener las inversiones sin tener ni…
Via: La concertada acudirá a los tribunales por quedar excluida de las ayudas del Gobierno