La Justicia francesa abre una investigación al Gobierno por su gestión de la pandemia de Covid-19

El Tribunal de Justicia de la República (TJR) decidió este viernes abrir una investigación sobre el comportamiento de Édouard Philippe, ex primer ministro; Olivier Véran y Agnès Buzyn, ministro y ex ministra de Sanidad, para intentar esclarecer su comportamiento antes y durante la crisis de la pandemia del Covid-19. La apertura de la investigación judicial no prejuzga la evolución del caso, pero anuncia largos meses de investigaciones contradictorias e inflamables sobre las eventuales responsabilidades penales (¿?) de unos y otros. Escenario judicial negro para una «nueva etapa» presidencial puesta en escena con el rigor de la dramaturgia clásica. De hecho, la apertura de la investigación judicial se conoce el mismo día en que se anunció la renuncia del actual Ejecutivo. De las 90 denuncias recibidas, la comisión del Tribunal de Justicia de la República, encargada de filtrarlas, ha decidido aceptar nueve de las 53 examinadas contra varios miembros del Gobierno del presidente Emmanuel Macron. El fiscal del Tribunal de Justicia de la República, François Molins, tendrá que estudiarlas ahora para decidir si abre finalmente causa contra Philippe, que abandonó este viernes el cargo de primer ministro para volver como alcalde de la localidad normanda de Le Havre; Buzyn, que dejó el Ministerio de Sanidad en febrero, y Véran, al frente de esa cartera desde entonces. Esa corte, encargada de investigar presuntos delitos de miembros del Gobierno, recibió hasta 90 denuncias contra Philippe y varios cargos del Ejecutivo, inmerso ahora en una transformación para dar un giro más social a la segunda parte del mandato de Macron, informa Efe. Ciudadanos, médicos y asociaciones De las 53 examinadas descartó 34 por falta de interés de los denunciantes en seguir el proceso o por estar incompletas. Las diecinueve demandas restantes fueron en parte consideradas, en el caso de los tres responsables ya citados, y una decena de ellas archivadas. Las denuncias, presentadas desde el inicio del confinamiento a mediados de marzo, fueron interpuestas por ciudadanos, médicos y asociaciones por cargos como poner en peligro la vida de otros, homicidio involuntario, no asistir a personas en peligro o no haber tomado las medidas para frenar la epidemia, que ha causado cerca de 30.000 muertes en Francia.
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