Los Franco pagaron cien millones de pesetas por rehabilitar Meirás tras el incendio, según un testigo

La primera jornada del esperado juicio civil por la propiedad del Pazo de Meirás no ha aportado sustanciales novedades a lo que se conocía del caso hasta ahora y que tanto la Abogacía del Estado como la familia Franco habían plasmado en sus escritos de demanda y defensa, respectivamente. Distintos testigos han puesto de manifiesto que, como reconocen los herederos del dictador, en los meses en que este veraneaba en Galicia se preparaba el Pazo para su actividad como Jefe del Estado y que corría a cargo de trabajadores de administraciones públicas, que costeaban estas labores. Igualmente, la defensa ha contado con una declaración que probaría que el Estado se desentendió por completo de Meirás tras la muerte de Franco, ya que fue la familia la que corrió con los gastos de recuperación del inmueble tras el incendio que lo devastó casi por completo en 1978, y que habría ascendido a cien millones de pesetas, según ha estimado un testigo. Una de las pretensiones de la Abogacía para argumentar que el Estado no se desentendió del Pazo tras fallecer Franco es que en el recinto se mantuvo un guardia civil conocido como «guarda hortelano» hasta 1990, fecha en que se jubiló. El de este uniformado fue el primer testimonio que se ha oído en la sala de la antigua Audiencia Provincial de La Coruña. José Suárez Rozas ha reconocido que durante su destino él vivía «dentro del recinto de Meirás», que su sueldo lo abonaba el Instituto Armado y que nunca percibió cantidad alguna de los Franco. «Yo vigilaba aquello y colaboraba en el corte de las silvas» de los caminos. Ha declarado que «recibía instrucciones» del secretario de Carmen Franco, y que abría la puerta de acceso cuando la familia visitaba el inmueble, aunque suponía que ellos también tenían llaves del inmueble. La defensa, que ha llevado en esta jornada el abogado Antonio Gil Evangelista, ha revelado que Suárez Rozas ya había ejercido unas labores similares entre 1978 y 1982 en otra propiedad de los Franco, la finca asturiana de La Piniella. La pretensión es evidenciar que el Estado actúa de manera arbitraria con Meirás, porque también hubo guardias civiles vigilando otros bienes de los Franco y, sin embargo, no se ha instado a su recuperación a manos públicas. Por su parte, un vecino de la zona ha admitido que la presencia de trabajadores de la Comandancia de Obras de La Coruña o del Ayuntamiento herculino —«albañiles, pintores y electricistas»— durante la dictadura se circunscribía a los días o semanas previos a que Franco acudiera a Meirás y fijara allí temporalmente su residencia oficial. «El resto del año lo que había era cinco guardias civiles y un cabo», ha apuntado Juan Pérez Babío. Un testimonio similar ha aportado un funcionario del consistorio coruñés, que realizó un informe sobre servicios de jardinería en el Pazo en los sesenta y de tanques de agua llevados por los bomberos de la ciudad «los meses de julio y agosto». «No vi ningún parte [de entrega] posterior a 1975». Tras el incendio, ha indicado el vecino, «desde fuera se veía que estaba en un estado de semiabandono», y en la década de los ochenta «irían de visita» a Meirás, pero «sabía que residían en la casa Cornide», otra propiedad de los Franco en el centro de La Coruña. Respecto a la figura de los «guardas hortelanos», Pérez Babío ha apuntado que su labor era gestionar «la explotación agropecuaria» de las tierras del Pazo, para lo que se contrataba a vecinos de la zona, aunque ha dicho ignorar quién corría con ese gasto. Por último, ha manifestado que a su abuela «la marcó para toda su vida» que «le quitaran sus tierras para ampliar» la parcela de Meirás.«Fue expulsada, la terminaron presionando y se tuvo que marchar». Los gastos del incendio La tesis de la familia es que el Estado se desvaneció de Meirás tan pronto falleció Franco, por más que tanto la escolta como la vigilancia de seguridad de su viuda, Carmen Polo, o su hija Carmen Franco, se prolongara por espacio de varios años. Una de las evidencias que pretende hacer valer es que fue la familia quien costeó la onerosa restauración del Pazo tras el incendio que casi lo devastó por completo en 1978. «Fui a ver a Fraga y me dijo que no era posible ayudar en la reparación del Pazo», ha testimoniado Luis Fernando Quiroga, amigo de Cristóbal Martínez-Bordiú y suegro de una de las nietas del dictador. Ha admitido ser una de las personas que convenció a Carmen Franco para la paulatina reconstrucción del inmueble, acometida «entre 1998 y 2002». «Yo no tengo acceso a las facturas de todo aquello, pero fue del orden de cien millones de pesetas», ha estimado. «Aparte del arreglo de la quema del Pazo, a Carmen [Franco] le costaba mucho dinero, tuvo muchas obras que hacer. Había goteras, humedades que siguen a día de hoy, una nueva acometida eléctrica y de aguas (…) Aún ahora, las cubiertas están en muy mal estado». Quiroga ha reconocido que él coordinó las obras de restauración. «Dejamos dos habitaciones como recuerdo de lo que fue la quema». En su opinión, las tareas que se hacían de adecentamiento de Meirás durante la dictadura previas a la llegada estival de Franco era «superficiales». «No se aprovecharon de la Jefatura del Estado para dejarlo como un palacio», ha aclarado, ni tampoco la familia le trasladó en ningún momento las dudas sobre la propiedad del inmueble. «Ni se lo plantearon». Un exalcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, ha negado que el Pazo estuviera «abandonado» tras el incendio y hasta su rehabilitación, como sostiene la Abogacía para argumentar que los herederos del dictador no pudieron poseer en concepto de dueño desde 1975 hasta nuestros días para un hipotético segundo proceso de usucapión y recuperar así la propiedad del inmueble que —según sus tesis— habrían perdido al haberlo usucapido previamente el Estado entre 1938 y 1968. «Para recuperar el Pazo, el bien previamente tuvo…
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