Ofensiva del PP ante la «chapuza» de la ley de libertad sexual

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica. Y de nuevo por su, hasta ahora, medida estrella: el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Un texto que recoge que «solo el sí es sí» en una relación sexual y que el Consejo de Ministros aprobó de cara al 8 de marzo, pero que el Ministerio de Justicia decidió retirar la semana pasada de los órganos consultivos -Consejo Fiscal, Consejo Económico y Social, Poder Judicial y Consejo de Estado- para que Montero redacte una versión «más acabada». Este nuevo texto deberá recoger «el criterio y las observaciones» del resto de ministerios a los que implicará la ley. La nueva portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, no está dispuesta a quedarse con los brazos cruzados ante lo que considera una «chapuza» de Igualdad, que provoca «indefensión» precisamente al colectivo que buscaba proteger: las mujeres. «Es un proyecto de ley cargado de propaganda e inexactitudes y redactado con prisas para llegar al 8-M. Por todo eso han tenido que retirarlo», denuncia. Desde este análisis, el Grupo Popular acaba de lanzar una ofensiva parlamentaria en el Congreso, según ha podido saber ABC. Ésta se compone de la petición de todos los informes sobre el anteproyecto elaborados por los ministerios de Igualdad, Justicia, Presidencia, Interior, Educación, Sanidad, Política Territorial, Inclusión y la vicepresidencia de Derechos Sociales que encabeza Pablo Iglesias. Las observaciones de todos estos documentos son las que Justicia ha pedido que Igualdad incluya en la nueva redacción. Y el PP considera que todas ellas permitirán conocer al detalle las graves lagunas de las que ha adolecido la primera versión del texto que Montero pretendía convertir en ley. Además, los populares han registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno en la que solicitan conocer «los motivos» que justifican la retirada de la tramitación del anteproyecto, las «deficiencias técnicas» detectadas imposibles de solventar durante el recorrido parlamentario o por qué se presentó un anteproyecto «incompleto que no contaba con todos los informes favorables de todos los ministerios». La iniciativa de los populares también recala en «qué terminos y qué artículos se van a modificar» así como «el plazo» en que se presentará el nuevo texto. «¿Ha existido un error humano tal y como han intentado justificar desde el Gobierno o son problemas de coordinación», «por qué se hicieron los informes de las secretarias técnicas después de la aprobación del anteproyecto y no antes (como ocurre normalmente)» o «¿buscó el Gobierno una fecha concreta (el 8 de marzo) y todo lo demás dio exactamenta igual?», son otras preguntas incluidas. El PP cierra pidiendo conocer si «el Gobierno cree que la imagen de improvisación y falta de acuerdo junto con los desacuerdos públicos manifestados por varios ministros son el clima adecuado para una ley que según el ministerio de Igualdad es prioritaria». Hasta 40 días para contestar Una vez que la Mesa de la Cámara califique estas iniciativas y las remita al Ejecutivo, éste dispone de un plazo de veinte días prorrogables por otros veinte para contestar por escrito a las preguntas. En cuanto a los informes, el Gobierno dispone de un plazo máximo de treinta días. En ambos casos, el Reglamento del Congreso obliga a Moncloa a colaborar con la oposición y remitir la información o documentos que le sean solicitados. No es la primera vez que el anteproyecto de Ley para la Libertad Sexual genera un choque en el seno de la coalición de Gobierno. Ya antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, el ministerio de Justicia advirtió que el texto adolecía de la calidad técnica necesaria a lo que Iglesias reaccionó acusando al titular de este departamento de «machista».
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