Lo avanzó ABC y lo confirmó la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ayer, durante la apertura del Año Judicial, presidida por el Rey Felipe VI. En los próximos días dictará una instrucción general para combatir la okupación, con el fin de que todos los fiscales unifiquen su criterio de actuación. Es la respuesta ante lo que definió, ahora sí, como un «fenómeno delictivo» que requiere «una acción específica». Delgado no entró en más detalles, si bien fuentes de su Departamento ya explicaron a ABC que podría ir en la línea de la fijada hace unas semanas por la Fiscalía de la Comunidad Valenciana. El objetivo es unificar criterios de actuación y dar respuesta a una creciente demanda social, que se ha traducido en un aumento de denuncias y en el surgimiento de patrullas vecinales y empresas privadas que ejercen labores seudopoliciales. En el primer semestre del año, según datos de Interior, se han presentado casi 7.500 denuncias aunque se baraja una cifra negra, sobre todo porque las interpuestas por personas jurídicas (bancos y fondos) no llegan al 6 por ciento y son ellas las que acumulan el gran stock de viviendas vacías. El año pasado Interior registró 14.621 denuncias. Las cifras contrastan con las recogidas en la Memoria de la Fiscalía en la que se apunta a un leve descenso del delito de usurpación (sin mencionar el allanamiento de morada). El año pasado se incoaron 9.622 diligencias previas por usurpación, frente a las 9.693 del año anterior, lo que supone un 0,75 por ciento menos de asuntos. La Memoria anual se ha quedado algo desfasada en este apartado -no así en otros que han sido actualizados- tras el anuncio de Delgado. «Este apartado (diligencias previas) muestra la misma tendencia de retroceso en las incoaciones que se ponía de manifiesto el año pasado, tras diversos ejercicios en los que la cifra aumentó. Se mantiene un ligero descenso en las incoaciones, que se combina con un leve aumento en las que son calificadas», señala el Ministerio Público. Sí aumentaron las calificaciones de los fiscales, casi el 4,5 % respecto al año anterior. Fueron 210, frente a 201 en 2018, lo que se interpreta como la «consolidación de un cambio en la tendencia». «Parece confirmarse la tendencia iniciada el año anterior respecto de la reducción del fenómeno de las ocupaciones», dicen pero añaden que el dato «contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación».
Via: Okupas, un «fenómeno delictivo» que ahora sí requiere un plan

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