Calvente asegura ante el juez que el «equipo directivo» de Podemos montó el caso Dina

El exabogado de Podemos José Manuel Calvente ha prestado declaración como testigo este jueves durante casi cuatro horas en la Audiencia Nacional en una sesión en la que ha afirmado que el «equipo directivo» de Podemos diseñó la «estrategia» para la «patraña» que en su opinión, ha sido todo el caso Dina. Se trata de la pieza separada del caso Villarejo que investiga por qué el contenido del móvil sustraído a la exasesora del vicepresidente Pablo Iglesias Dina Bousselham apareció entre los archivos del polémico comisario y pasó por al menos dos redacciones. Según informan a ABC en fuentes jurídicas, preguntado directamente por quién o quiénes integraban ese «equipo directivo» ha señalado a Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad Irene Montero, el responsable de campañas del partido Juan Manuel Del Olmo y el diputado Rafael Mayoral. Ha ratificado además lo que ya dijo en redes sociales: que el secretario general tenía que ser conocedor de todo este asunto. Sin embargo, las distintas fuentes consultadas coinciden en calificar como «dispersa» su declaración, en la que no ha podido aportar pruebas concretas de sus afirmaciones ni tampoco ha confirmado que fuese testigo directo de la organización de ese supuesto montaje por el que se habría perpetrado «un engaño» deliberado al juez de la Audiencia Nacional. Con todo, ha ofrecido mucho «contexto del montaje», de acuerdo a otras fuentes. La «patraña» de las ‘cloacas’ Calvente fue llamado como testigo por el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, después de declarar en medios y en redes sociales que la vinculación de ese robo con las «cloacas» del Estado era un «montaje» del que él mismo advirtió a Podemos cuando formaba parte de su equipo legal. Se basaba, entre otras cosas, en que los pantallazos de chats que fueron difundidos en prensa dejando a Iglesias en mal lugar habían sido capturados y reenviados a terceros por la propia Bousselham, que sería así, el origen de la filtración. Sobre este asunto, Calvente ha afirmado que en su opinión, el robo del móvil podría haber sido ficticio, sobre todo porque Bousselham era consciente del daño que podía acabar causando a Iglesias la difusión de la información que ella misma había compartido con terceros. Pero además, ha llamado la atención sobre el hecho de que el supuesto ladrón también se llevó el teléfono de la pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, que trabajaba igualmente para Podemos y tenía mucha información «incluso más relevante». Sin embargo, del contenido de su terminal no se ha sabido nada. Esos comentarios de Calvente advirtiendo a otros miembros del equipo legal de Podemos de la «locura» que era seguir adelante con la tesis de «las cloacas» tras el robo del móvil constan en una serie de baterías de chats publicados por distintos medios a lo largo de los últimos meses. Los chats pueden entrar en la causa El abogado del comisario José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, ha solicitado que esos chats se incorporen al procedimiento en tanto que apuntan, entre otras cosas, que el equipo legal del partido mantenía reuniones con los fiscales Anticorrupción a cargo de la causa, sembrando dudas sobre el contenido de esos encuentros que, de acuerdo a ambas partes, se producían en la normalidad del diálogo entre las acusaciones de un procedimiento judicial. El fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que en esta sesión sustituía a los titulares habida cuenta de la amplitud política que ha adquirido este asunto, ha estado de acuerdo en esa incorporación. «Nosotros no tenemos nada que esconder», ha señalado en distintos momentos, según informan fuentes presentes en la declaración. El juez Manuel García Castellón tiene ahora que decidir. Ha habido otra novedad. Durante su intervención, el exabogado ha dicho sentirse amenazado por la “kale borroka de Podemos”, que “son muy radicales” al haber sido señalado directamente por los líderes del partido. En un momento dado, se ha desmoronado. El juez ha pedido que se deduzca testimonio y se remita a la Fiscalía para que lo investigue y en su caso, se le brinde protección.
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