Mientras el Ministerio de Educación avanza en la tramitación de su ley educativa, la «ley Celaá» el curso transcurre en un clima de incertidumbre, lo que ha llevado a algunos padres a negarse a llevara sus hijos al colegio. Según informó este jueves la ministra, Isabel Celaá, tras la reunión interministerial con Sanidad, «las comunidades han dicho que el absentismo ha resultado de poca relevancia, aunque tres comunidades observan que algunos grupos minoritarios culturales persisten en la no asistencia a clase». Como el Ministerio no podía responder a qué hacer en estos casos se encargó un informe a la Abogacía del Estado que ya puso a disposición de las comunidades, informó la ministra. Este señala que «la pandemia, per se, no exonera de la obligación de atender las clases en la enseñanza obligatoria». Por su parte, la Fiscalía General también se pronunció al respecto y recuerda que «la asistencia presencial del alumnado constituye una obligación ineludible para los padres. Su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo de forma habitual hasta el momento en los supuestos de absentismo». Añaden, sin embargo, que «solo aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aún temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado al centro motivarán que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra aquellos padres que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito».
Via: La Abogacía General concluye que el Covid no es motivo per se para que los padres no manden a sus hijos a clase

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