La privada y la concertada advierten de que el 21% de IVA vulnera la Carta Magna y perjudicará a las familias

Diversas organizaciones representativas de los distintos sectores de la educación privada, tanto de enseñanzas regladas como no regladas, se han unido para hacer una declaración conjunta en contra de la medida que estudia el Gobierno, y que ayer publicó ABC, de imponer un IVA del 21% a la educación privada (así como a la sanidad privada) En un comunicado, señalan que «la educación tiene consideración en España, y en toda la Unión Europea, de servicio público esencial, y este es el motivo por el cual está exenta del pago del IVA. Esto es así en todos los demás países de la UE, y tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas», apuntan. Por lo tanto, consideran que «la aplicación del IVA al sector de la educación privada en plena crisis económica derivada de la pandemia, supondría para las familias que libremente la han elegido un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector». «Vulnera, además, el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, consagrado en el artículo 27 de nuestra Constitución, y en consecuencia también afecta a la libertad de creación de centros. Se trata de derechos fundamentales contemplados en el Título Primero de la Carta Magna, por lo que están sometidos a especial protección». Advierten, además, de que esta medida tendría como consecuencia inmediata el desplazamiento de un número incalculable de alumnos a la enseñanza pública, «lo que incrementaría el gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto, como ponen de manifiesto los informes de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)». «El presidente prometió no subir impuestos en estos dos años y esperamos que lo cumpla» Señalan que lo que califican de «inoportuna propuesta» también perjudicaría la inversión en formación. Además, esta medida «supondría la pérdida de innumerables puestos de trabajo, pues como hemos expuesto anteriormente, implicaría el cierre de la gran mayoría de los centros privados. Esto no solo se traduciría en una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo». En este sentido, Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), una de las organizaciones firmantes, ha señalado a ABC que «El presidente del Gobierno prometió no subir impuestos en estos dos años y esperamos que lo cumpla. No es el momento de destruir empleo subiendo los costes de infinidad de pequeñas entidades educativas que no podrán subsistir con esa subida del 21%. Hay un rechazo absoluto por parte de todo el sector a cualquier medida en esa dirección, que no puede ser más inoportuna». «Esta situación-añade el comunicado- no afectaría únicamente a enseñanzas regladas no universitarias, sino también a las universidades privadas y al sector de enseñanzas no regladas, por lo que pondría en riesgo de desaparición a gran parte del sector de la educación y la formación privada en nuestro país, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas». Por todo ello, las organizaciones firmantes advierten de su voluntad de oponerse a la medida «por todos los medios legales a nuestro alcance». Esta declaración ha sido firmada por: Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Escuelas Católicas (EC) y Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE).
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