El Gobierno ha comenzado, por fin, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 al aprobar esta tarde el primer paso para ello: el límite de gasto no financiero o techo de gasto, que aumentará un 53,7% a los 196.097 millones de euros incluyendo los fondos europeos que recibirá España. Si bien este trámite ya se pasó en febrero, la epidemia se encargó de llevarse por delante cualquier escenario, por lo que el Ejecutivo ha tenido que aprobar un nuevo molde para las cuentas públicas que integren los 27.436 millones de fondos europeos que recibirá España el próximo año en forma de transferencias gracias al Fondo de Reconstrucción aprobado por la UE (15.000 euros en transferencias directas en el NextGenerationEU) y el Marco Financiero Plurianual con el fondo ReactEU (con 12.436 millones). La suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hará que el Gobierno no presenta la senda de déficit al Congreso de los Diputados, una interpretación criticada por la portavoz de Economía del PP, Elvira Rodríguez, que señaló que ello supone saltarse el «control parlamentario». La Ley de Estabilidad recoge una cláusula de excepcionalidad por catástrofes, pero aludiendo al déficit estructural, y obligando al Ejecutivo a presentar un plan de reequilibrio en un mes. Para proceder a esta suspensión de reglas fiscales, el Congreso de los Diputados deberá votar si la actual epidemia se considera como una situación excepcional para soslayar la reducción del déficit, un punto que la propia Unión Europea aprobó también para su supervisión sobre los estados miembros para 2020 y 2021. Si bien no habrá objetivos de déficit como tales, Hacienda sí que fija unos niveles de referencia, que no son obligatorios. El mayor impacto de la crisis provoca que las previsiones hayan saltado por los aires para este año: si en abril el Gobierno auguraba un desequilibrio público del -10,3% del PIB ahora este aumenta al -11,3%. Para el próximo ejercicio, el agujero comenzará a reducirse al -7,7% del PIB, de lo que el grueso lo cubrirá el Estado, que asumirá los números rojos de las comunidades y la Seguridad Social, que gestionan respectivamente los servicios públicos básicos y las prestaciones por desempleo y cese de actividad. El Estado asumirá la mayor parte del déficit Así, el Estado tendrá un 5,2% del PIB de déficit el año que viene al realizar dos transferencias de 18.396 millones a la Seguridad Social (que tendrá un agujero del 1,3%) y otra de 13.466 millones para las comunidades (con un desequilibrio del 1,1%). Las corporaciones locales, como avanzó ayer Montero en la Comisión Nacional de Administración Local, tendrán un déficit del -0,1% en 2021 según el Ejecutivo, por lo que volverán al desequilibrio el próximo año pese a lo que dice la Constitución, que en su artículo 135 dicta que los ayuntamientos no pueden tener desequilibrio.
Via: El techo de gasto bate récord con casi 200.000 millones y 27.436 millones en fondos europeos

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