Con un contundente 70% de votos, según las primeras proyecciones oficiales, los chilenos aprobaron ayer poner fin a la Constitución legada por la dictadura del general Augusto Pinochet, y dieron curso al inicio de un proceso para elaborar una nueva carta magna, esta vez en democracia y con participación ciudadana. La cifra podría aumentar todavía, cuando se entreguen los resultados oficiales y finales. El plebiscito de ayer, pese a realizarse en medio de una profunda crisis social, política y económica, a lo que se sumó los efectos de la pandemia del Covid-19, estuvo marcado por un alto flujo de participantes, con un 60% de votantes habilitados, superior a las elecciones presidenciales a las que concurrieron el 49% de los electores. Chile derrotó así el fantasma de la abstención lo que -según todos los sectores políticos-, dota al proceso de alta legitimidad. También los votantes decidieron que sea una convención constitucional, integrada por todos sus delegados elegidos por votos popular y con paridad de género (mitad hombres y mitad mujeres), por más del 75% de los votos, contra la convención mixta -apoyada por los partidos de derechas y que sería integrada por parlamentarios en ejercicio y delagados ciudadanos- que quedó descartada. No terminaba el escrutinio de los votos cuando miles de personas comenzaron a llegar hasta la plaza Italia, rebautizada como «plaza de la Dignidad» y epicentro de las protestas. Tras algunas escaramuzas, la Policía abandonó el lugar, por lo que la plaza fue copada por los manifestantes que celebraron los resultados del plebiscito. Alta participación Desde tempranas horas las señales de la alta participación fueron fijadas por el rápido proceso de instalación de las más 44.000 mesas electorales. Solo tres horas después del inicio de votaciones, la totalidad de las mesas ya estaban constituidas en los más 2.500 locales de sufragio en todo Chile. El propio presidente Sebastián Piñera llegó a su colegio electoral apenas 20 minutos después de ser abierto, lugar donde aprovechó para afirmar que «la inmensa mayoría de los chilenos queremos reformar, cambiar o reformar la Constitución» y culpó a «pequeños grupos» de «obstaculizar o sabotear» el proceso constituyente. También descartó que el triunfo de la opción «apruebo», que abre el camino a reemplazar la actual carta magna que ya tiene 40 años y que fue impuesta por Pinochet, sea una derrota para su gobierno, que cobija a los partidos de derechas que apoyaron a la dictadura. También desestimó que los resultados del referendo tengan efectos sobre su dividido gabinete, en el cual hay diez ministros que declararon su preferencia por el cambio constitucional. «Este es un gabinete de todos los chilenos». Según trascendió durante ayer, Piñera adelantó en dos horas su votación en una escuela del barrio alto de Santiago, para evitar eventuales protestas en su contra, las que se han repetido en casi todas sus apariciones públicas durante los últimos meses. Las votaciones se realizaron en completa calma y sin incidentes durante el día, pese a que durante el último mes han reaparecido las protestas callejeras y las grandes manifestaciones, como la realizada el pasado 18 de octubre cuando millares de personas conmemoraron el llamado «estallido social». Esa manifestación del domingo anterior al plebiscito tuvo un saldo de 530 personas detenidas en todo el país, una persona muerta en Santiago por disparos de la Policía, la destrucción de bienes públicos y el incendio de dos iglesias en la capital. El cambio constitucional ha sido resultado de las grandes movilizaciones que duraron tres meses a partir de octubre del año pasado. Las protestas abrieron una crisis social y política que puso al desnudo las fracturas y deficiencias del modelo chileno consagrado en la Constitución de Pinochet, que no reconoce como derechos sociales asuntos relevantes para la población como la educación, la salud y las pensiones, al mismo tiempo que mantiene recursos y servicios básicos como el agua, las energías, las mineras, forestales y pesqueras exclusivamente en manos privadas. Los altos grados de violencia que acompañaron a las protestas empujó a Piñera a declarar el estado de excepción y sacó a los militares a las calles, lo que produjo un alto número de víctimas, entre muertos, torturados por agentes del Estado, mutilaciones por disparos de escopetas de balines, incluidos más de 300 personas que sufrieron estallidos oculares. Acuerdo por la paz El 15 de noviembre de 2019, casi un mes después de iniciadas las protestas, por una propuesta del gobierno, el Congreso alcanzó el llamado «Acuerdo por la paz y el cambio constitucional» que fijó la fecha y mecanismos para consultar sobre el destino de la carta magna vigente. El plebiscito quedó fijado para abril de 2020, pero la pandemia obligó a su postergación. Piñera tiene previsto reunirse hoy con su gabinete. El gobernante buscará reagrupar sus fuerzas de apoyo para hacer frente a otro momento clave: la elección de los delegados constituyentes que redactarán el nuevo pacto social, que está prevista para el 11 de abril del próximo año.
Via: Aplastante victoria a favor del cambio constitucional en Chile
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