Docentes critican el «caso omiso» de la Hispalense sobre el caso Romero

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha criticado el «caso omiso» que, según recuerdan, ha realizado tanto el Rectorado como el Vicerrectorado de Asuntos Sociales a la petición del organismo para que se cree una comisión de investigación sobre el caso del catedrático Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por abusos sexuales contra dos profesoras y una becaria, que por otro lado ha impulsado la celebración de la I jornada de reflexión sobre actuaciones ante el acoso en la universidad. La Junta presentó un escrito dirigido al rector de la institución, Miguel Ángel Castro, al que tuvo acceso Europa Press y en el que el secretario de la Junta de PDI, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, recordaba el punto aprobado en los términos de «solicitud de una comisión de investigación independiente sobre el caso de acoso sexual». Así, el organismo sindical reclamaba del Rectorado la constitución de este órgano, respecto al cual recomendaba, en primer lugar, que sea constituido con representación sindical y de expertos en temas relacionados con la salud y seguridad laboral, la violencia machista, victimología y en casos de acoso y abusos sexuales. Asimismo, la Junta de Personal señalaba que el trabajo de dicha comisión debía orientarse a investigar las actuaciones llevadas a cabo por la Hispalense tras la denuncia de abusos sexuales presentadas por dos profesoras y una becaria de la Educación en 2010 contra el catedrático Romero. La jornada, que ha programado la inauguración a cargo de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, cuenta con la premisa principal de desarrollar mejoras en su protocolo para la prevención, evaluación e intervención en situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo, el cual ya se ha sometido a una fase de aportaciones. La meta de este proceso es concluir con un documento en el que se planteen nuevas medidas al objeto de que se cuente con «el mejor instrumento posible» para afrontar estas situaciones, según precisó la vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios, Ana López. También a raíz del caso Romero, la Hispalense se encuentra en proceso de e jecución de diferentes medidas, relacionadas con aspectos como la ordenación académica y la reorganización de espacios, al objeto de «mejorar el clima laboral» en el Departamento de Educación Física y Deporte, al que pertenecía el condenado, en cumplimiento del informe elaborado por una empresa externa -medida aprobada por el Comité de Seguridad y Salud- sobre la situación en que ha quedado tras el caso el departamento en sí, más allá de la lógica afección directa sobre las denunciantes. «Ya estamos aplicando estas medidas, aunque aún queda por hacer», resumió López, que señala que la Hispalense debe todavía culminar un proceso de evaluación y definición al respecto que desembocará en una aprobación formal por parte del Consejo de Gobierno de la institución. El caso se saldó con la dimisión del por entonces decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Juan de Pablos, al objeto de abrir una «nueva etapa». Alfonso García fue posteriormente elegido como nuevo decano del centro.
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