La corrupción distributiva

Es la hora de la Justicia. El escándalo de los ERE llega a juicio tras una instrucción eterna, laberíntica, a veces heroica y a veces chapucera, de la jueza Alaya, y un aclarado final con centrifugado pro domu sua, es decir, a favor del sistema, de su sustituta. Tras un largo alboroto político ya casi amortizado en la opinión pública. Una veintena de altos cargos socialistas andaluces en el banquillo, entre ellos dos expresidentes de la Junta. Un baile de cifras astronómicas de millones presuntamente malversados y un régimen hegemónico, un verdadero latifundio de poder, bajo la sombra de algo más grave que la duda. La tesis de Mercedes Alaya, que aunque descafeinada y troceada después de su abandono sigue siendo el eje argumental del sumario, es la de un gigantesco mecanismo clientelar sustentado en el manejo discrecional de fondos públicos para obtener un lucro político. La vista oral que hoy comienza se ciñe sólo a la cúspide de esa pirámide institucional, en la que se sitúa la jerarquía del sistema autonómico de Andalucía durante la primera década larga de este siglo. Casi doscientos imputados más -intermediarios, sindicalistas, abogados, comisionistas- esperan turno al final de un inadmisible bucle procesal empantanado en el caos jurídico. Esos, sus garantías, su probable indefensión, su confusa suerte penal, a nadie parecen importar cuando se ventila la legitimidad de ejercicio de Chaves, Griñán y sus respectivos equipos: la nomenclatura pata negra del socialismo. Esta pieza es el núcleo de la causa, la que generará el máximo ruido, una santabárbara institucional cargada hasta los topes de potencial explosivo. La peligrosa simplificación del populismo mediático reducirá el juicio a la condena o absolución de los dos principales exmandatarios acusados de conocer, promover o consentir un ardid sistemático, un engaño metódico y duradero. Sin embargo, la esencia del caso reside en el procedimiento: el uso como combustible electoral de una partida opaca -el célebre «fondo de reptiles»- cebada durante años a costa del presupuesto. La corrupción distributiva, el nanofraude en serie, que captaba voluntades y pagaba favores con expedientes arbitrarios de regulación de empleo. La trama de clientelismo sindical y empresarial que la Junta construyó para cimentar su supremacía en el tráfico ventajista de intereses y privilegios. Ante un sumario tan enrevesado y complejo conviene abandonar los prejuicios, las conjeturas y los presentimientos: la justicia se basa en pruebas, testimonios y hechos. En ocho años de diligencias retransmitidas casi en directo se han aventado demasiadas suposiciones, indicios e hipótesis que han dado base a diversos relatos y hasta de veredictos paralelos. Éste es el momento de escuchar, por inevitable que sea el espectáculo, con la serenidad que requiere el Derecho. Llega tarde, muy tarde, pero va en serio.
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