La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares (Madrid) ordenó en el verano de 2015 a la policía que instalara una cámara de videovigilancia en la unidad de Medicina Interna en la que trabaja Beatriz L. D., la auxiliar de enfermería del hospital Príncipe de Asturias detenida el sábado acusada de asesinar a una paciente. La juez lo decidió tras morir otra paciente octogenaria en extrañas circunstancias. Ese caso se cerró por falta de pruebas que permitieran incriminar a alguno de los empleados de este departamento.Seguir leyendo.
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