El Supremo recibe el informe que pone a Mas y Rovira al frente del golpismo

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga el proceso independentista, ha recibido el informe de la Guardia Civil que señala a la número dos de la lista de ERC, Marta Rovira, y al expresidente catalán Artur Mas, así como a la candidata de la CUP Anna Gabriel como las personas que «diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron» la implantación del plan soberanista. El informe, avanzado por ABC la semana pasada, señala que los integrantes del Comité Estratégico no solo controlaron la implementación de «sus planes para la creación de un estado soberano», sino que también «movilizaron los recursos humanos y materiales para ello». Este comité, cuyos miembros eran los ideólogos del plan soberanista, apareció mencionado en el documento EnfoCat, intervenido al número dos de Junqueras, Josep María Jové, y considerado la hoja de ruta a seguir tras la declaración unilateral de independencia (DUI). Lo integraban una veintena de dirigentes independentistas, entre ellos los tres ya mencionados, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, los Jordis y sus segundos en ANC y Òmnium, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal o la presidenta de la asociación de municipios por la independencia, Neus Lloveras. También formaban parte de este comité estratégico la presidenta del Parlament Carme Forcadell, el vicepresidente Lluis María Corominas, el considerado arquitecto jurídico de la independencia, el jurista y exvicepresidente del TC Carles Vive Pi i Sunyer, o la exvicepresidenta de la Generalitat Neus Munté. La CUP, además de Anna Gabriel, tenía como representantes a la portavoz Núria Gibert, dos diputados -Mireia Boya y Joaquim Arrufat- y el alcalde de Argentona Eudald Calvo, entre otros. «Todos ellos fueron copartícipes de diseñar la estrategia que debía conducir a la independencia», afirma el informe avanzado por ABC. La Guardia Civil encuadra a otro grupo de personas en «un segundo nivel de importancia» dentro del Comité Ejecutivo, encargado de poner en marcha el plan de independencia, y que «resultaron fundamentales para ejecutar las normas de desconexión y llevar a cabo el referéndum del 1-O planeados desde el Comité Estratégico». Se trata de todos los consejeros de Puigdemont y «muy posiblement» de «los responsables civil y policial de los Mossos d’Esquadra, César Puig y Josep Lluís Trapero», ex secretario general de Interior y exmayor del cuerpo policial autonómico. La Guardia Civil incluye a estos dos últimos porque, junto al exdirector de los Mossos Pere Soler, «constituían la cúpula de un cuerpo policial que se consideraba estructura del Estado y del que resultaba imprescindible su control para no dar al traste con los planes de celebración del referéndum». Todos los integrantes de estos dos comités «se aprovecharon de sus posiciones dentro del gobierno» para financiar y sustentar «las estructuras del estado» y las actuaciones necesarias para lograr la independencia, «incumpliendo de forma generalizada las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales». Para ello se calcula por el momento que gastaron más de medio millón de euros, cantidad que aún está por determinar, según la Guardia Civil, que apunta a que todos ellos contribuyeron en «la redacción y aprobación del marco pseudolegal de desconexión y la búsqueda de conflicto social, económico y judicial y la estrategia de desobediencia». «Es indudable que ha existido una simbiosis absoluta y una unidad de acción y ejecución plena e inescindible entre todos los actores independentistas en los últimos años» y que comenzó durante el Gobierno de Artur Mas cuando se celebró el referéndum del 9-N, concluye el informe. 500.000 euros para la independencia En el informe remitido al juez se señala al exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y al juez Carles Viver Pi y Sunyer por el gasto de al menos 502.639,61 euros para «financiar y sustentar las acciones tendentes a lograr la independencia de Cataluña». Además, figuran empresas privadas como Unipost y beneficiarias de los contratos publicitarios como la pública TV3. «Los ideólogos y ejecutores (Comité Estratégico y Comité Ejecutivo) de la hoja de ruta secesionista se aprovecharon de sus posiciones dentro del Gobierno de la Generalitat para financiar y sustentar las acciones tendentes al desarrollo de los organismos (estructuras de Estado) y actuaciones (referéndum del 1 de octubre) que consideraban necesarios para lograr la independencia de Cataluña», recoge en sus conclusiones dicho informe. El documento señala el «incumpliendo de forma generalizada de las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales”. “Hasta ahora”, concluye el informe del instituto armado, “se ha podido determinar un gasto de 502.639,61 euros, que presumiblemente se incrementará según vaya avanzando la investigación». La Guardia Civil dice que trabaja con el «convencimiento de que el empleo de esos fondos podía constituir malversación» y señala que la Generalitat llevó a cabo «diversas prácticas para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado» en el referéndum del 1 de octubre.
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