La llamada Ley de Claridad del Tribunal Supremo de Canadá estableció en 2000 las condiciones que deberían darse para cualquier futuro referéndum independentista —la provincia de mayoría francófona de Quebec había celebrado dos—. Una posible consulta debe ser autorizada por el Parlamento de todo el país, no sólo de la provincia que vota; la pregunta tiene que ser clara y responderse con un sí o un no y tiene que alcanzarse una participación significativa y una mayoría suficiente (no vale con un 50,1% pelado, ni una decisión de ese calado puede tomarse si la mayoría de los posibles votantes se queda en su casa). Lo más importante es que en todo ese proceso tiene la última palabra Ottawa, es decir, todos los canadienses, no sólo la provincia que vota, y que el referéndum significaría el punto de partida para una negociación, no el final de un proceso.Seguir leyendo.
Via: Por qué la historia nos recomienda tomarnos Tabarnia en serio
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