La Junta sólo subvenciona campañas que digan «personas consumidoras»

Para la Junta de Andalucía utilizar términos como «consumidores» y «usuarios» son manifestaciones propias de un «lenguaje sexista» y perpetúan estereotipos que socavan la igualdad de la mitad femenina de la población. Por lo tanto, deben ser desterradas y sustituidas por expresiones más «neutras» como «personas consumidoras» y «personas usuarias». Cualquier organización que ponga en marcha una campaña informativa en Andalucía con cargo a subvenciones autonómicas debe tomarse en muy serio esta singular norma lingüística, porque de lo contrario puede enfrentarse a multas económicas (de hasta 900 euros) al «considerarse una infracción leve de la Ley General de Subvenciones». En los casos más extremos tal incumplimiento hasta puede conllevar la devolución de la subvención. Es lo que le ha sucedido a Facua-Consumidores en Acción —«Personas Consumidoras en Acción», según la norma lingüística de la Junta— con motivo de una campaña informativa sobre reclamaciones judiciales a la banca que ha realizado esta organización. La Junta de Andalucía financia esta actividad con una subvención de 50.000 euros concedida mediante concurrencia competitiva. Infracción legal Tras recibir una advertencia de la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, la entidad que dirige Rubén Sánchez se ha visto forzada a adaptar el texto eliminando las palabras «consumidores» y «usuarios» para sortear la censura de la Administración. La Junta obliga a Facua a optar por otras «estructuras no excluyentes» como «personas consumidoras» La Junta le ha instado mediante correo electrónico a suprimir de los contenidos de sus campañas financiadas con dinero público todas las expresiones «realizadas en masculino genérico» como «consumidores», como instruyen las guías que difunde el Instituto Andaluz de la Mujer para dar visibilidad a las féminas. Tales palabras deben ser sustituidas por lo que denomina «otras estructuras no excluyentes» como, por ejemplo, «personas consumidoras», según denuncia la organización. La Dirección General de Consumo lo justifica así: «Desde la Administración de la Junta de Andalucía se considera que el uso del masculino neutro es lenguaje excluyente y que podría incumplir las obligaciones de los beneficiarios recogidas en el artículo 24.1 i) de la Orden de 5 de octubre de 2015 por la que se aprueban la Bases Reguladoras tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva». «Este tipo de lenguaje podría considerarse una infracción leve en base al artículo 56 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones», añade en su escrito. Poco le importa a la Junta que tales imposiciones lingüísticas vayan en contra reglas básicas como la economía del lenguaje o el hecho de que el uso genérico del masculino para designar los dos sexos esté firmemente asentado en el sistema gramatical del español. Así lo estableció la Academia de la Lengua en un informe escrito en 2012 por Ignacio Bosque y suscrito por 26 académicos. «La igualdad de mujeres y hombres no se logra imponiendo censura lingüística. Ni tampoco actuando con esa falta de coherencia que lleva a advertir de una organización ciudadana de que está supuestamente incumpliendo una ley por escribir de la misma forma que la propia Junta en multitud de informaciones de su página web o Susana Díaz en su cuenta de Twitter», declaró Rubén Sánchez a ABC.
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