Un prófugo de la justicia, con sus derechos políticos intactos todavía, pero imposibilitado de ejercerlos por razones legales, jurídicas y políticas, no puede en ningún caso presidir la Generalitat de Cataluña. No es lo mismo, por tanto, pararle los pies antes de tiempo que hacerlo una vez fuera investido a través de las trampas y los fraudes de ley que el independentismo radical está dispuesto a poner en marcha en su estrategia de tensión contra el Estado.Seguir leyendo.
Via: No a la provocación
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