Guerra abierta entre el PP y la juez Núñez por las filtraciones de autos

El PP andaluz, que ejerce la acusación popular en la macrocausa sobre el supuesto fraude de los cursos de formación, ha denunciado la «evidente indefensión» a la que, a su juicio, le somete el juzgado que dirige María Núñez Bolaños, por las supuestas filtraciones de sus resoluciones a «algunos medios de comunicación» antes de ser notificadas a las partes. Por medio de un escrito registrado ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el letrado Luis García Navarro censura que en el caso concreto de un archivo de Núñez sobre el citado proceso «conozcamos a través de un medio de comunicación unos interesados argumentos para desestimación de nuestro recurso de reforma». El PP se refiere a un auto de Núñez Bolaños por el que rechaza un recurso de reforma presentado por esta acusación contra el archivo de las causas abiertas por cuatro ayudas para cursos concedidas a una academia vinculada al exvicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco. En el auto, la instructora del caso Formación insistió en que en torno a las subvenciones para cursos no se tejió una «red de clientelismo político». El abogado de la acusación popular aseguró que es habitual y «no por ello procesalmente adecuado que las partes conozcamos el contenido de las resoluciones de ese juzgado por algunos medios de comunicación antes de que se notifiquen». Pero consideró que no es habitual la difusión de argumentos «que nada tienen que ver con el objeto del debate, además de falaces y en algún caso mendaces». A este respecto, indicó el pasado jueves el juzgado notificó a las partes un auto dictado el 22 de enero pasado que estaba «vacío de contenido». Por ello pidió al juzgado que se lo reenviara completo. En el auto que ha despertado los recelos del PP andaluz la instructora aseguró que la «teoría sobre la trama política, concierto o asociación ilícita en la Administración pública autonómica de Andalucía, mantenida de forma acérrima por el PP-A» es una cuestión «instruida, resuelta y desechada». Fue el argumento empleado por esta magistrada para justificar la pieza política del caso Formación en la que había imputados 24 ex altos cargos y funcionarios de la Consejería de Empleo. La jueza de instrucción 4 de Jaén archivó una causa parecida en esta provincia contra los responsables de Empleo. Sin embargo, otro juez de Huelva, Javier Romero, ha sentado en el banquillo al exdelegado de Empleo en esta provincia, Eduardo Muñoz, y a otros seis cargos del mismo departamento por la falta de control sobre las ayudas. Una decisión que ha sido ratificada recientemente por la Audiencia Provincial de Huelva. No es la primera vez el PP censura supuestas filtraciones en este caso. En junio de 2016, el PP andaluz solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigara el origen de la «filtración» sobre el futuro archivo de la pieza política de los cursos de formación, sólo cuatro días antes de las pasadas elecciones generales. El CGPJ no apreció «motivos para entender la comisión de infracción disciplinaria alguna».
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