Oriol Junqueras recurre su prisión ante el Tribunal Constitucional

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide que se revoque su prisión preventiva. En su escrito, de 44 folios, la defensa del diputado de ERC argumenta que el Tribunal Supremo no era competente para confirmar esa medida cautelar y que el hecho de que el delito de rebelión se esté investigando en el Alto Tribunal le está privando de una segunda instancia penal. «Ninguno de los encausados (y por tanto tampoco mi representado) hasta la fecha ha cometido ningún delito fuera del territorio catalan», argumenta su abogado. «Podria defenderse que los efectos politicos, sentimentales, sociales o de cualquiera otro orden han podido ser experimentados en toda España o incluso fuera del Estado, pero estos sentimientos y otros tipos de efectos para nada integran ningún elemento delictivo y por tanto no son susceptibles de engendrar una nueva competencia judicial». A su juicio, el motivo de que sea el Tribunal Supremo el que esté investigando estos hechos «no es otro que alterar el sistema legal de competencias y buscar por el Ministerio Fiscal un foro más proclive a sus pretensiones, un “forum shopping” contrario, como no puede ser de otra forma, a las previsiones constitucionales», dice. El escrito señala que el juez Llarena no ha concretado suficientemente el riesgo de reiteración delictiva, que, señala, «no se fundamenta en razones objetivas», pues Junqueras no es candidato a la presidencia de la Generalitat, hecho que se valoraba como indicio de la existencia de ese riesgo. El abogado de Junqueras recuerda que ninguno de los investigados que se encuentran en libertad provisional ha dado muestra de reiteración delictiva alguna, «por lo que no se entiende por qué mi mandante [cliente] habría de comportarse de forma distinta atendido el panorama político actual en el que no existen condiciones para esa supuesta reiteración, ni voluntad de mi mandante ni de su partido político de ejecutar acto ilícito alguno».
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