La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado este lunes en el Tribunal Supremo que ella no tenía «ninguna capacidad de gestión» sobre la consulta y que de hecho, el día 1 de octubre, ante la situación de violencia que se estaba viviendo en algunos colegios electorales, planteó «en varias ocasiones» la posibilidad de suspender la consulta, pero Puigdemont sostuvo que detenerla iba a provocar una situación peor. Una de esas ocasiones, ha dicho, fue una reunión a la una de la tarde a la que asistieron la CUP, ERC y Junts Pel Sí. Rovira, considerada responsable de la logística del 1-O, sí ha reconocido la existencia de una hoja de ruta secesionista (que ella mismo firmó en nombre de ERC en marzo de 2015), y se ha desvinculado de la ley de transitoriedad jurídica y de la ley del referéndum. «No he sido ponente ni portavoz de ninguna de ellas», ha señalado. El juez ha dejado a la líder independentista en libertad bajo fianza de 60.000 euros, una cantidad que deberá abonar en el plazo que Llarena fije previsiblemente mañana en el auto en el que motive esta medida cautelar. Vox había pedido prisión incondicional para ella al considerar que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. En su interrogatorio, en el que el magistrado no se ha interesado por la eficacia real o cosmética de la DUI (como sí hizo en el de Mireia Boya el miércoles pasado), la Fiscalía ha preguntado a Rovira por los planes futuros de los independentistas. En este contexto, la secretaria general de ERC ha señalado que tanto la Constitución española como el derecho internacional permiten «que el pueblo catalán sea consultado». Ya a las puertas del Tribunal Supremo, una vez finalizada su declaración, Rovira ha defendido ante los periodistas los «derechos políticos de los diputados» y el derecho a votar. Rovira llegó a la sede del alto tribunal ha llegado este lunes al Tribunal Supremo alrededor de las 08.30 arropada por los aplausos y gritos de ánimo proferidos de decenas de miembros de ERC que la esperaban a las puertas del edificio, entre ellos miembros de ERC, JpCat, PDECat y Demòcrates. Libertad para Pascal Por su parte, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha señalado que nadie le notificó personalmente que el referéndum del 1-O no tenía cobertura legal, aunque reconoció que sabía que no la tenía por lo que publicaban los medios de comunicación. Pascal ha contestado a las preguntas de todas las partes, incluida Vox. A diferencia de lo sostenido por la dirigente de la CUP Mireia Boya en el sentido de que la declaración unilateral de independencia no era «cosmética» sino que su eficacia era real, Pascal ha negado efectos jurídicos a la DUI y ha dicho que se trató de un mero acto político. Al igual que Rovira, Pascal también ha reconocido que ha estado en varias ocasiones en Bruselas y que se ha reunido con Carles Puigdemont. En su caso, ninguna de las partes ha pedido la celebración de la vistilla de medidas cautelares, por lo que ha quedado en libertad tras declarar menos de una hora. La ANC pagará la fianza La ANC ha anunciado este lunes que asumirá el pago de la fianza de 60.000 euros que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha impuesto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Fuentes de la entidad han explicado que la harán efectiva entre el miércoles y jueves, cuando acabe la ronda de comparecencias ante este tribunal que tienen que hacer esta semana varios líderes soberanistas. Los fondos saldrán de la caja de solidaridad que en su día impulsó la ANC, que se nutre de donaciones ciudadanas y que se emplea para las fianzas que decretan los tribunales por causas relacionadas con el proceso soberanista. La ANC ya asumió en su día el pago de las fianzas de los consellers cesados que fueron encarcelados, de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana.
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