Un ex alcalde del PSOE sin formación, colocado en una fundación de la Junta

Contratos que se fraccionaban para eludir los controles de la Comisión Europea, proveedores seleccionados por afinidad ideológica, parentesco o amiguismo, y empresas elegidas «a dedo» en procesos negociados sin publicidad con ofertas de relleno. Nuevos testigos corroboran que estas y otras prácticas eran habituales en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una entidad autonómica disuelta en 2011 que está investigando la juez María Núñez Bolaños. La técnico R. B. S., quien, entre sus funciones como mando intermedio de la Faffe, estaba la de elaborar los pliegos técnicos de los procesos de contratación, relató el pasado viernes en el juzgado que el ex alcalde socialista de la localidad sevillana de Montellano Francisco Aguilera fue colocado en la Faffe sin tener los más mínimos conocimientos informáticos y que su tarea era improductiva durante varios meses en el año 2005. De hecho, ella, por indicación de su jefe por entonces, fue la encargada de «buscarle algún tipo de dedicacón que fuera sencilla». Tras su incorporación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ya empezó a realizar otro tipo de labores más productivas. Esta extrabajadora explicó también que, siguiendo «las instrucciones y recomendaciones» de sus superiores, tuvo que «fraccionar» el importe de varios contratos, aun cuando tenían el mismo objeto «con el fin de eludir su publicación» en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE). según informaron a ABC fuentes del caso. En concreto, esta extrabajadora citó el caso de un contrato con la empresa autonómica Sadiel financiado con un millón de euros de fondos europeos que tuvo que denominar con un concepto genérico, «Modernización de los Servicios Públicos de Empleo», para evitar que se vinculara a la Consejería de Empleo, que por entonces estaba dirigida por Antonio Fernández. Esta testigo reconoció que «era un procedimiento muy común» que a petición de las empresas adjudicatarias o de la Consejería se les solicitasen presupuestos de otras sociedades de relleno, en ocasiones vinculadas a ellas mismas, «a sabiendas» de iban a ser las seleccionadas. La Faffe, cuyo personal fue absorbido por el Servicio Andaluz de Empleo tras su liquidación en 2011, abonó así servicios prestados por empresas externas a la Consejería y al SAE. Tanto en su declaración ante la Guardia Civil el 9 de diciembre de 2015 como ahora, a preguntas del fiscal Fernando Soto, esta mando intermedio de la Faffe indicó que algunas empresas proveedoras «venían impuestas desde la Consejería de Empleo» y citó las sociedades Sadiel, Cortijo y Asociados, Los Favoritos de Alcalá, GFI, Novasoft y una empresa vinculada al periodista Manuel Campo Vidal que no especificó. La testigo afirmó que algunas empresas como Covarrubias, Anova y Proyempleo pudieron ser contratadas por afinidad ideológica o política o por razón de parentesco y amistad. De hecho, en las dos últimas trabajaba el marido de la ex directora de contratos de la Faffe Carmen Lozano. La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, exigió explicaciones a la presidenta, Susana Díaz tras escuchar el «relato escandaloso» de esta testigo.
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