Los independentistas evitan que Torrent explique el bloqueo político

La Mesa del Parlamento de Cataluña ha rechazado, este martes, la petición de Ciudadanos para que Roger Torrent (ERC) acuda al pleno parlamentario y explique la situación de bloqueo institucional por la que el reloj de la investidura no ha corrido todavía, después de las elecciones del pasado 21-D y tras dos investiduras fallidas, de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez. La Mesa sí ha admitido la celebración de un pleno, cuya fecha fijará Torrent y la Junta de Portavoces el orden del mismo, para tratar situación política. Este pleno no servirá, en principio, para que corran los dos meses. La mayoría de Junts per Catalunya (JpC) y ERC en el máximo órgano de gobierno del Parlamento catalán ha tumbado (por un defecto de forma) el segundo punto de la propuesta de Cs, presentada este lunes, que pedía explícitamente que Torrent compareciera ante el pleno y este sirviera para que empezaran a contar los dos meses para la elección de un presidente de la Generalitat. Una vez pasados los dos meses, se convocarían elecciones autonómicas si no hay una investidura. Tras conocer la decisión de la Mesa, Inés Arrimadas (Cs) ha indicado que Torrent «no quiere dar la cara porque le da vergüenza explicar a sus votantes que todo lo que proponen los partidos secesionistas es una pantomima». Y ha añadido que: «Solo pedimos que venga a dar la cara. Los mismos que dicen que un presidente del Parlamento de Cataluña puede declarar la independencia y saltarse el Estatuto de Autonomía son los mismos que dicen que el presidente parlamentario no puede venir a dar la cara». Acciones legales contra el juez Llarena Por otro lado, en la reunión de la Mesa -que ha durado más de tres horas- también se ha decidido (gracias a la mayoría independentista) que los letrados preparen «acciones legales» contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra los dirigentes políticos secesionistas que declararon la independencia unilateral, por consideran que se están «vulnerando las prerrogativas del Parlament» al no permitir a Sànchez acudir a la investidura. En este sentido, los letrados tienen el visto bueno de la Mesa para que, en caso de que lo necesiten, pidan asesoramiento externo a penalistas expertos para que les ayuden en la gestión de las «acciones legales» contra Llarena.
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